El 4 de mayo de 1939, Miguel Hernández fue detenido por la policía portuguesa en Rosal de la Frontera. Tras acabar la guerra, el poeta oriolano se había ido a Madrid, de ahí a Sevilla y, vista la situación, cruzó al país vecino. El motivo de su apresamiento: intentar pasar la frontera sin documentación. Le interrogaron y le acusaron de haber escrito y haberse manifestado a favor de la República. Dos días después de ser detenido, Hernández ya escribió una carta a Josefina, su esposa, en la que le pide que consiga avales para salir en libertad. "Ve a casa y di a mi padre que estoy detenido, que hable con Luis Almarcha, Joaquín Andreu, Antonio Macandro, Juan Bellot, Martínez Area, Baldomero Giménez y quien sea preciso para la consecución de mi traslado a nuestro pueblo".

Alguno de esos avales se consiguieron. La mayoría no. Pero tras largos meses de investigación, encabezada por el escritor Enrique Cerdán Tato, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica ha encontrado el aval que envió en su defensa Juan Bellot, jefe de la Falange en Valencia. Con este testimonio bajo el brazo, que recoge la no participación en actos de violencia y su no pertenencia a organizaciones de izquierda, y con documentación que registra errores de bulto en el juicio, la familia del poeta, junto a algunos de los miembros de este organismo, se encaminan esta misma mañana hacia el Tribunal Supremo en Madrid. El objetivo es que con esas nuevas pruebas se consiga que se admita a trámite el procedimiento para que se declare nulo el juicio que condenó al escritor oriolano.

Lucía Izquierdo y María José Hernández, nuera y nieta del poeta respectivamente, además de los miembros de la Comisión Cívica Manuel Parra, Enrique Cerdán Tato, Luis Pesquera y Carlos Candela, presentarán hoy en la sección militar del Supremo el recurso de revisión del proceso que le sentenció a muerte. Al acto también asistirá el alcalde de Elche, Alejandro Soler.

La aparición del aval supone, tal como contempla la ley, que se podría iniciar el trámite para la celebración de un juicio que anulase el que condenó a Hernández, ya que demostraría que hubo pruebas a favor del poeta que no fueron utilizadas en el proceso y que éste se realizó sin toda la documentación precisa.

La Comisión Cívica está convencida de que ese aval estaba en manos del tribunal que lo juzgó, pero no se utilizó y que por ese motivo el juicio no fue legal. Al parecer, el uso de avales o certificados de personas afines al régimen para apoyar a detenidos era un hecho común, con el fin de que saliesen en libertad.

En las cartas que el poeta escribió a Josefina queda probado que Juan Bellot y también Luis Almarcha, entonces obispo de León, sí escribieron sus avales a su favor. En concreto, el 30 de mayo de 1940, el autor de Nanas de la cebolla escribe una carta a su mujer en la que le habla de que estos documentos se han recibido. Además, con el añadido de que el de Almarcha no le convenció demasiado por las palabras que utilizaba, ya que hablaba de su regeneración. "Yo no soy ningún degenerado, así que no sé por qué me tengo que regenerar", escribía.

El aval de Juan Bellot, a quien le unía una gran amistad, se encontraba en poder de la Justicia y ahora ha sido recuperado, mientras que del de Luis Almarcha se desconoce el paradero ya que el Obispado de Orihuela no respondió a los requerimientos de la Comisión Cívica de Alicante para localizar el escrito.

Optimismo

La nuera del poeta, Lucía Izquierdo se muestra optimista "porque llevamos una documentación importante que demuestra que hubo graves errores judiciales". En su opinión "fue todo muy cruel porque estaba encerrado ya en Ocaña y condenado a muerte, y lo estaban procesando al mismo tiempo en Rosal de la Frontera diciendo que estaba allí; el objetivo final era que de una forma u otra no se librara, fue increíble la persecución y el odio, yo creo que no a su figura en concreto sino a lo que representaba. Hay una cantidad de mentiras vergonzosas".

En este sentido, se mostró "convencida" de que hoy van a aceptar la documentación y de que se va a iniciar el trámite, "luego ya veremos qué pasa porque sabemos que es un paso difícil y complicado". Aún así, afirmó que "sería terrible que a Miguel Hernández se le asesinara dos veces".

En caso de que finalmente se celebrase un juicio para anular la sentencia supondría un precedente histórico en nuestro país. Este hecho se sumaría al documento de reparación moral que el Gobierno, de manos de la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, entregó a la familia en Alicante el pasado mes de marzo.