Dos años de intenso trabajo dieron como resultado el Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, en el que se establece la política estatal para preservar estos vestigios. El arqueólogo alicantino Rafael Azuar ha sido el encargado de dirigir este trabajo y también lo será de coordinar la comisión científica que va a crear el Ministerio de Cultura para realizar el seguimiento en la ejecución de esta normativa.
Azuar, actualmente responsable de proyectos internacionales en el Museo Arqueológico de Alicante y antes director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, destaca que el Libro Verde "hace una revisión del estado actual de patrimonio subacuático y de las actuaciones que se deben hacer". De hecho, esta publicación recoge "treinta acciones prioritarias para desarrollar en el futuro, con cinco líneas estratégicas: desarrollar un plan de organización de cartas arqueológicas para saber qué es lo que hay; aplicar los acuerdos internacionales a todas las normativas autonómicas y nacionales; poner en práctica, a la hora de las intervenciones arqueológicas, lo establecido en la Convención de la UNESCO; la formación universitaria y titulación, y que se generalice el título de buceo científico; y, por último, desarrollar un programa de difusión y sensibilización a nivel nacional".
El arqueólogo, que también dirigió el MARQ durante los primeros años de funcionamiento, asegura que en la Comunidad Valenciana ya se ha realizado un primer inventario "y la idea es que se aproveche un nuevo convenio con el Estado para actualizar las cartas arqueológicas". Y es que Alicante "es una de las zonas de la costa en la que más información tenemos de pecios hundidos". El encontrado en aguas de la Albufereta; el Bou Ferrer hundido en Villajoyosa, "uno de los barcos romanos más grandes que se han descubierto y excavado en España", además de buques y submarinos de hace un siglo. "Es un patrimonio extraordinario".
Con la puesta en marcha de este plan, Rafael Azuar ve una "nueva vía" para solicitar recursos del Estado destinados a continuar con las excavaciones en la zona y también para solventar algunas polémicas sobre la titulación de los submarinistas, como ocurrió en el caso del Bou Ferrer. "El Ministerio de Cultura destinará este año 1.275.000 euros para la protección de patrimonio subacuático. Ahora son las comunidades autónomas las que tienen que proponer proyectos".
