Que la actividad científica debe regularse con una nueva normativa que actualice la vigente es algo en lo que coinciden los investigadores alicantinos consultados ayer sobre el borrador de la Ley de la Ciencia que prepara el Gobierno y que, en términos generales, valoran de forma positiva, aunque también apuntan algunas dudas sobre su desarrollo.

Carlos Belmonte, Juan Lerma, Miguel Yus y Antonio Marcilla destacaron la creación de una agencia estatal de investigación para financiar y gestionar los programas, como recoge el borrador. El investigador Carlos Belmonte consideró la idea "estupenda y fundamental", ya que "la investigación debe ser independiente y algo así existe en los principales países investigadores; es necesario gestionar la investigación con criterios independientes". El director del Instituto de Neurociencias de Alicante, Juan Lerma, recuerda que la agencia responde a una antigua reivindicación de la comunidad científica, "y me parece muy bien que controle la evaluación y la prospección de los proyectos en España".

El catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Superior, Antonio Marcilla, considera que "puede tener ventajas si se homogeneizan los criterios de calidad entre las entidades que se dedican a la investigación", mientras que el catedrático y director del Instituto Universitario de Síntesis Orgánica, Miguel Yus, cree que será positivo "si se trata de promocionar la investigación al máximo, aunque yo no estoy descontento con el Ministerio en el apoyo a la investigación".

Respecto a la equiparación de los investigadores de organismos públicos de investigación (OPI) a profesores y catedráticos universitarios, Belmonte lo aplaude "porque el investigador no puede ser un profesor de segunda, que era lo que pasaba". A Marcilla le parece "bien" la equiparación pero cree que también debería darse a la inversa. La consideración de "acreditados" a los profesores de investigación para catedráticos de Universidad, a juicio de Lerma, "es positivo porque permitirá a la Universidad tener un abanico más grande para incorporar personal a su actividad investigadora", mientras Yus duda: "Que les equiparen no me parece mal, que los conviertan en docentes no lo tengo tan claro".

En cuanto a la posibilidad de acceder a la condición de funcionario tras cinco años de actividad y después de una evaluación, Antonio Marcilla cree positivo "que se regule la situación laboral del investigador y su acceso de forma clara, que permite la estabilidad del investigador; otra cosa es cómo se regula la necesidad de crear esas plazas". Para Lerma, "si la condición de funcionario se puede adquirir sólo después de cinco años y tras una evaluación no está mal, aunque eso tiene dos caras porque todo lo que sea funcionarizar la ciencia no es bueno". De igual modo opina Belmonte, que defiende "que se de estabilidad laboral a los investigadores, pero no que sean funcionarios porque así es difícil que se muevan" y Yus estima que el plazo es "demasiado corto" al tiempo que reivindica una mayor presencia de la investigación básica en la futura ley.