Una polémica por el cambio en la ley para salvaguardar los derechos de autor

EFE. MADRID La polémica entre gobierno e internautas saltó a la palestra el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que establece una modificación de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información por la que se permite cortar Internet, en principio se decía que sin necesidad de que lo autorizase un juez, con el objetivo de "la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".
Entonces la ministra de Cultura explicó las tareas de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo del Ministerio que decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en internet. La creación de esta comisión y su potestad para cerrar páginas web que vulneren la Ley sin una orden judicial es, precisamente, el principal punto de fricción con las asociaciones de internautas.
El pasado martes, antes de su intervención en el Senado, González-Sinde reconocía que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros. Aseguraba que la intervención de un juez podía ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
Sin embargo, ayer el ministro de Justicia anunciaba que sí será necesaria una orden judicial.