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C. MARTÍNEZ
Acudió el pasado martes a la concentración realizada en Madrid como protesta contra lo que el sector intuye que es un mecanismo para privatizar el sistema de funcionamiento de la distribución de lotería. Y lo hizo representando a las 100 administraciones adscritas a la Asociación Provincial de Administraciones de Lotería de Alicante (APAL), "y también a las otras 80 que no están asociadas porque todos estamos en el mismo barco".
Soto es tajante cuando denuncia el oscurantismo con el que se "han colado de rondón" dos disposiciones en los presupuestos generales del Estado, que derogan lo que estaba legislado sobre la distribución del producto. "Nosotros defendemos que las 4.200 pymes que conformamos este sector en España y los 2.000 puestos de trabajo que sustentan son la mejor red de juego público de Europa, por eso queremos defenderla".
En este sentido, destaca que "con las nuevas medidas intuimos que habrá una privatización del sector y se va a hacer sin contar en absoluto con los profesionales, sin que se nos haya dado ni un solo documento sobre el desarrollo de lo que se pretende hacer. Nos dicen que no se va a privatizar pero no nos enseñan ni un solo papel que lo demuestre".
Insiste en que "sabemos que hay que reformar el sector, que hay que desarrollar una nueva Ley del Juego, pero hay que hacerlo conjuntamente, como se hizo con el mercado del tabaco o los hidrocarburos".
La posibilidad de que el operador que lo gestione "pueda ser ajeno a Loterías y organice la red a su manera puede llevar a derogar las concesiones y se podría vender a través de máquinas". Eso, afirma, "ya se ha hecho en Francia y las ventas han bajado un 50 por ciento". Por eso, "sospechamos que hay algún operador externo que está interesado en coger este servicio y montar una nueva red, porque no tiene sentido que se quiera cambiar algo que funciona de forma tan positiva".
Manuel Soto apunta que los beneficios que aporta la Lotería a las arcas del Estado alcanzaron el año pasado los 2.600 millones, de los que 75 llegaron desde la provincia de Alicante, donde las ventas alcanzaron los 300 millones de euros. "De las ventas totales, el 70 por ciento se distribuye en premios, el 25 por ciento va al Estado y las administraciones se quedan con un 5 por ciento con los que hay que cubrir todos los gastos".
Uno de los pilares fundamentales que se pueden ver afectados por esta reconversión se centra en los puestos de trabajo. Así, el presidente de APAL cifra en 12.000 puestos de trabajo en todo el país los que se pueden llegar a perder con la privatización. En las 180 administraciones de Lotería que existen en la provincia trabajan unas 400 personas, que podrían también verse afectadas por las nuevas disposiciones aprobadas recientemente.
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