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GUILLERMINA PERALES
La Diputación ha tomado dos decisiones importantes para el desarrollo de la cultura en esta provincia. La primera ha sido encargar a un profesional de prestigio como Juan Manuel Bonet (director del IVAM, entre 1995-2000, y del Reina Sofía, entre 2000-2004) el programa expositivo del MUBAG, del Palacio Provincial y del Auditorio. Para el MUBAG, en estos dos años que quedan de legislatura, se desarrollarán cuatro muestras, encargadas a otros prestigiosos críticos e historiadores del arte. Tendremos la oportunidad de ver, por primera vez, nuestra historia relacionada con los universales del arte. Por primera vez, en décadas, las instituciones culturales alicantinas hablan de recuperar y estudiar a nuestros autores. Pero a estas alturas no podemos ser ingenuos. En otros momentos, invertimos grandes sumas de dinero en proyectos culturales con importantes gestores de repercusión nacional, pero que con el cambio de legislatura, o de no se sabe qué intereses políticos, todo se disuelve y para Alicante no queda nada. La Fundación Capa se llevó todas las esculturas y hasta el último clavo de los talleres del Castillo. De la gestión de Pablo Rico y la programación del SEA, que lideraba el estudio de la escultura en toda la Comunidad, no nos ha quedado nada. Ahora surgen muchas preguntas, ¿se va a trabajar en dotar al MUBAG de una infraestructura de museo? ¿Qué va a quedar en Alicante después de Bonet? Esta institución, desde su origen, no ha tenido una dirección ni un equipo técnico capaz de desarrollar una infraestructura de museo o una documentación eficaz de los fondos que posee. Pero la solución la tenemos dentro de la misma Diputación, ¿por qué no se siguen los mismos pasos que el MARQ? Crear una fundación independiente con un equipo de técnicos contrastados, lo que aseguraría su continuidad.
La otra decisión es la ruptura con el Consorcio de Museos. Por fin, después de trece años de recibir todas las exposiciones cerradas desde Valencia, creadas con las infraestructuras y técnicos valencianos exclusivamente sobre su propio patrimonio cultural, sin contar para nada con la realidad de Alicante o Castellón, hay un gesto de protesta. Pero los cinco millones de euros que la Generalitat aporta al Consorcio provienen de los impuestos de todos. La Diputación, como institución provincial, debe exigir no sólo la inversión de este capital en el conocimiento y exposición de nuestro patrimonio, con el trabajo de nuestros técnicos y estudiosos, sino, sobre todo, su exportación a todo el ámbito valenciano, que es lo que plantea el concepto del Consorcio: vertebrar la cultura de la Comunidad.
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