Las discográficas demandan a un creador de programas para bajar música protegida

EFE. MADRID Las multinacionales discográficas Warner, Universal, Emi y Sony-BMG han presentado ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda contra Pablo Soto Bravo como creador y máximo responsable de Blubster, Piolet y Manolito, que ofrecen programas P2P para el "intercambio ilegal de música protegida". Según informa Promusicae, entidad que agrupa al sector de las discográficas, los demandantes argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria" para obtener provecho de la obra de otros.
Tras un "cálculo conservador" de los prejuicios causados, las discográficas reclaman al demandado más de 13 millones de euros, y exigen la inmediata clausura de las páginas. Por su parte, MP2P Technologies, empresa que preside Pablo Soto, ha anunciado que ha recibido esta "demanda sin precedentes" de las cuatro grandes multinacionales discográficas y es el demandado el que asegura en un comunicado: "Planeamos defendernos firmemente contra este intento de destruirnos de las multinacionales discográficas".
"En lugar de abrazar la tecnología, eligen un camino que en última instancia les llevará a su propio final. El litigio en sí mismo no es un modelo de negocio válido, sin embargo, ha sido su fútil y desesperado objetivo desde el advenimiento del P2P", asegura el fundador de MP2P Technologies.
Promusicae en esta demanda actúa junto con las discográficas Universal, Sony-BMG, Warner y EMI aporta distintas pruebas periciales y notariales para demostrar la veracidad de sus acusaciones. A la hora de calcular el perjuicio causado, aplica "la estimación más cautelosa posible", en función de la cual cada internauta que se haya descargado cualquiera de los tres programas (Blubster, Piolet o Manolito) sólo lo habría utilizado para obtener una canción de manera gratuita.
A partir de esta hipótesis, Promusicae reclama a Soto la cifra de 13.029.599 euros. Asimismo, también propone al juzgado que el demandado asuma los "gastos de investigación" (23.072 euros) y también corra con los gastos procesales.