EFE
Calvo contestó en el Pleno del Congreso a una interpelación de ERC, defendida por Joan Tarda, sobre el retorno de la documentación pendiente depositada en ese Archivo.
El diputado de ERC recordó que hace un año "se materializó" el retorno de documentos a Cataluña, de lo que "nos sentimos satisfechos", ya que ésta era "una cuestión enquistada", que, incluso en el último momento tuvo que superar "distintos escollos", como la paralización desde la Audiencia Nacional en enero.
En su opinión, la ley "es un orgullo" y con ella hay que hacer posible el retorno a la Generalitat de los fondos y efectos de personas naturales y jurídicas de carácter privado.
Agregó que su grupo parlamentario está "francamente inquieto" porque el grupo de trabajo designado por la Comisión Mixta para identificar los legajos ya entregó sus trabajos en octubre y aún no se ha tomado decisión alguna.
Tarda afirmó que se trata de dos millones de documentos, "el triple de los ya retornados".
Atribuyó esa demora también al PP, que "quiere convertir el Archivo de Salamanca en un tema de la unidad de España" y aconsejó a la ministra no dejarse "asustar, porque no van a reconvertirse y están enquistados en esta batalla estéril".
Aludió a que hace unas semanas iban a plantear una iniciativa similar que, finalmente, aplazaron porque la ministra se iba a entrevistar con el consejero catalán de Cultura el pasado 15 de febrero.
"Sabemos que no se entendieron -continuó-, que no se fijó un calendario para la devolución de documentos, por lo que hemos pasado a la preocupación".
Insistió en que este asunto afecta a la dignidad de las personas, muchas de ellas "en el último tramo de sus vidas" y que quieren recobrar sus papeles.
Tarda aseguró que están "alarmados" por unas declaraciones de la ministra de ayer, en las que decía que las personas y entidades tendían que dirigirse a su Ministerio para reclamar la documentación, "cuando la ley dice" que las solicitudes se tramitarán a través de la Generalitat.
Calvo descartó esa inquietud y reconoció que el PP, las instituciones de Castilla y León y el alcalde de Salamanca poco han contribuido a solucionar este problema.
Valoró el trabajo realizado, que culminó con la ley que restituye a sus legítimos propietarios sus documentos, como se ha hecho ya con los de las instituciones, si bien apreció que para los privados, tanto personas naturales como jurídicas, el procedimiento es "más amplio", ya que afecta también a otras comunidades autónomas.
Precisó que la Comisión "está trabajando para identificar los documentos que se han pedido" y pidió "el tiempo necesario, en aras a la seguridad jurídica".
Tras afirmar que las peticiones y devoluciones tienen que llegar también al Ministerio, la ministra precisó que el grupo de trabajo, cuatro personas que han estado en el Archivo "diez horas diarias durante siete meses", de marzo a septiembre, en los que revisaron más de 7.000 cajas, entregaron su propuesta a finales de octubre.
"Será prudente, razonable y lógico -continuó- que el Ministerio tenga tiempo para una revisión y que salga solo lo justo y lo que la ley dice", porque "vamos a terminar el asunto de forma absolutamente impecable".