EUROPA PRESS
Este órgano, adscrito al Ministerio de la Presidencia, realizará el estudio a lo largo del presente año y destinará al mismo con un presupuesto de 100.000 euros. El objetivo es proporcionar una visión general sobre las actitudes de diversos grupos de inmigrantes respecto a su participación en la vida social, económica y política en España.
El CIS pretende "profundizar en el conocimiento de la manera en que esta nueva población se está incorporando a las dinámicas sociales" en España en cuestiones como la percepción de derechos y deberes de los inmigrantes y los factores que favorece o dificultan la convivencia y la integración.
Este trabajo también analizará las actitudes con las que se encuentran por parte de los españoles, el trato que se establece y los contextos en los que se produce este contacto, las relaciones con otros grupos de inmigrantes, el contacto con el país de origen y el proyecto migratorio.
DISTURBIOS EN LEGANÉS.
La puesta en marcha de este estudio se produce semanas después de los disturbios ocurridos en la localidad madrileña de Leganés, donde cientos de jóvenes se lanzaron a las calles para manifestarse en contra de la violencia ejercida supuestamente por integrantes de bandas latinas.
El origen de la manifestación fue una reyerta entre jóvenes de la localidad y de origen suramericano. Este suceso provocó diversas manifestaciones y la actuación de la policía para detener a grupos de incontrolados. Además, se generó un debate social sobre la relación entre los disturbios y las posibles actitudes xenófobas de la población, así como la presencia de bandas organizadas latinas.
PLAN DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN.
Por otra parte, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en los próximos días el Plan Integral Estratégico de Ciudadanía e Integración, que contará con un presupuesto para 2006-2009 de más de 2.000 millones de euros por parte de la Administración General del Estado.
El Plan de Ciudadanía e Integración tiene por objetivos fundamentales potenciar la cohesión social, construir políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos inmigrantes y españoles; adecuar los servicios públicos a la realidad de una sociedad diversa; favorecer la comprensión del fenómeno migratorio; y fomentar un sentimiento de pertenencia de las personas inmigrantes a la sociedad a la que se incorporan.
Así, habrá actuaciones concretas en materia de acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, juventud e infancia, igualdad, mujer inmigrante, participación, sensibilización, codesarrollo e igualdad de trato.
De esta manera se pretende avanzar en el reconocimiento efectivo de la igualdad de derechos y deberes de los inmigrantes, el refuerzo de los servicios públicos y su acceso en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles y el establecimiento de un sistema de acogida que asegure la inserción sociolaboral de los extranjeros.
EL 10 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN ES INMIGRANTE
El CIS justifica el estudio teniendo en cuenta que la inmigración constituye "uno de los fenómenos sociales de mayor incidencia de los últimos tiempos". Este organismo advierte de que la presencia de la población inmigrante en España se ha incrementado "de manera notable" en la última década hasta constituir casi un 10 por ciento de la población.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2006, los extranjeros empadronados en España representan un 9,3 por ciento del total de población con un total de 4.145.000 personas.
El crecimiento de la tasa de extranjeros en la población española ha pasado de un 2,3 por ciento en 2000 a un 9,3 por ciento en 2006. Mientras que en este periodo el conjunto de la población creció un 10 por ciento, los extranjeros experimentaron un subida de un 346 por ciento.
Alicante es la provincia con mayor tasa de extranjeros por habitante, un 20 por ciento; seguida de otras, como Almería (17,4);; Girona (16,9);; Baleares (16,8);; Murcia (13,8);; Málaga (13,7);; Tarragona (13,6); y Madrid (13,3);. En cualquier caso, uno de cada cinco extranjeros esta empadronado en Cataluña; un 19,3 por ciento, en Madrid; un 16,1 por ciento en la Comunidad Valenciana; y un 11,8 por ciento en Andalucía.
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