Greenpeace acusa a Sebastián de ser el único obstáculo para cerrar Garoña

La organización ecologista internacional Greenpeace ha acusado hoy al ministro de Industria, Miguel Sebastián, de ser el único obstáculo que existe en la actualidad para que el Gobierno decrete el cierre inmediato de la central nuclear de Garoña (Burgos).

EFE Así lo ha asegurado en Bilbao Carlos Bravo, responsable de Energía Nuclear de esta organización en una conferencia de prensa en la que Greenpeace ha presentado sus propuestas en materia de política ambiental para el nuevo Ejecutivo vasco que se conforme tras las elecciones del pasado 1 de marzo.

Bravo ha afirmado que "Garoña está completamente amortizada" por su propietario, la empresa Nuclenor, lo que, a su juicio, significa que no hay ningún obstáculo económico para cerrarla, ni tampoco hay obstáculo energético porque tiene una aportación "absolutamente irrelevante" al sistema eléctrico español, ya que no llega ni al 1,2% del total de la energía producida en España.

"Entonces, si no hay ningún obstáculo económico, energético, ni técnico para cerrar Garoña, el único obstáculo en el Consejo de Ministros para que el Gobierno todavía no haya tomado la decisión de cerrarla es el titular de Industria, Miguel Sebastián", ha asegurado.

Bravo ha acusado también al ministro de Industria de "estar haciendo todo lo posible, en connivencia con la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -Carmen Martínez Ten-, para que nadie pueda intervenir en el proceso de prórroga de la vida útil de Garoña".

"Para conseguir este objetivo -ha argumentado Bravo-, ambos están retrasando la puesta en marcha del Comité Asesor del CSN para la Información y Participación Pública sobre la Energía Nuclear y Protección Radiológica", cuya creación se aprobó en el Congreso de los Diputados en 2007.

"En este comité -ha explicado- habría representación de los dos grupos ecologistas con mayor implantación en España, de los sindicatos y de las Comunidades Autónomas que tengan centrales nucleares en su territorio o que hayan establecido acuerdos de encomienda con el CSN", como es el caso del País Vasco, a pocos kilómetros de Garoña.

El responsable de Greenpeace ha subrayado que este consejo asesor se tenía que haber puesto en marcha en agosto de 2008 "pero no lo ha hecho, y tenemos fuentes que así nos lo han confirmado, porque el ministro Sebastián y la presidenta del CSN quieren evitar que pueda haber participación de las instituciones autonómicas y de los grupos ecologistas" en "una decisión, como la del cierre de Garoña, que es puramente política".

La central de Santa María de Garoña tiene permiso para operar hasta julio de este año y será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que emita un informe que, si resulta positivo, trasladará al Gobierno para que decida una ampliación del periodo de explotación, pero que si es negativo supondrá el cierre automático de la planta.

Sin embargo, la central de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina (Burgos), ha iniciado a principios de este mes la parada de recarga de combustible en la que durante todo el mes trabajarán más de 1.600 profesionales y se invertirán 19 millones de euros, según informó el pasado 2 de marzo Nuclenor, empresa propietaria de la planta.

El objetivo de esa parada técnica, según Nuclenor, es "iniciar un próximo ciclo operativo de dos años con la central en las mejores condiciones de seguridad y fiabilidad técnica", pese a no contar todavía con el preceptivo informe positivo del CSN.