En España 1.100 silvicultores han obtenido el certificado del programa de certificación forestal (PEFC, en sus siglas en inglés), lo que afecta a una superficie total de 1.084.828 hectáreas, pero aún no comprende terrenos de todas las comunidades autónomas.
"La crisis económica puede ser una oportunidad para la sensibilización de la población, para que el día después pueda dar respuesta a una forma alternativa de trabajar, de producir, de entender el monte y gestionarlo", según la secretaria general de PEFC España, Ana Belén Noriega.
Un bosque sostenible es "un bosque capaz de mantener y mejorar todas sus funciones productivas y protectoras y su biodiversidad, es un bosque perdurable en el tiempo en condiciones óptimas", señala Noriega.
Navarra, La Rioja, Castilla y León y País Vasco son las comunidades autónomas con más superficie arbolada certificada, mientras que comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura o Madrid no cuentan aún con sistemas de certificación regional que faciliten la gestión sostenible del monte.
La certificación regional permite que los propietarios públicos o privados certifiquen de forma conjunta los territorios de una zona y respondan de forma solidaria para mantener esa acreditación.
PEFC España tiene en cuenta el aspecto ambiental, económico y social de la gestión forestal, desde la conservación y el respeto al ecosistema hasta la fabricación, distribución y comercialización de los productos finales, pasando por el respeto a las ocho convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regulan los derechos de los trabajadores.
La labor de esta entidad internacional sin ánimo de lucro cobra importancia cuando el consumidor final elige comprar productos certificados, es decir, cuando las puertas, los armarios, el marco de los espejos o el papel que se consume cuenta con el logotipo de PEFC.
En España hay 343 empresas certificadas PEFC, entre aserraderos (41%), comerciantes (22,7%), industrias de primera y segunda transformación, elaboradores de pasta y papel, imprentas, almacenistas o empresas de explotación forestal.
Otras grandes empresas o instituciones como Leroy Merlin, Inditex o el Museo del Prado y algunas administraciones públicas españolas exigen ya a sus proveedores, como parte de una política de "compra verde", productos con certificación, lo que impulsa la cadena de custodia desde el origen.
La certificación no se ocupa sólo de la gestión de la madera, sino también la conservación de todos los terrenos que están fuera de la superficie urbana y agrícola, así como la recolección de los recursos que allí pueden encontrarse como las setas, la bellota, el acebo y el piñón, entre otros.
La gestión forestal sostenible permite que "el recurso esté disponible hoy y dentro de 50 años", asegura Noriega, "y lo que se intenta evitar es que el producto no maderero quede desprotegido".
