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Julián Carcaño Pareja

Exconcejal en Torrevieja, militante de Los Verdes

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  • 03
    Octubre
    2016

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    Alicante
    Vega Baja

    Transporte urbano y préstamos en Torrevieja

    El gobierno de Torrevieja está ultimando el proyecto de municipalización del transporte urbano de viajeros, que inicialmente tendrá once líneas y que contempla una importante inversión para adquirir 20 vehículos.

    Pese a ser la tercera ciudad de la provincia de Alicante y la quinta de la Comunidad Valenciana, Torrevieja tienen un deplorable sistema de transporte urbano, que no tiene nada que ver con un auténtico servicio de transporte colectivo de viajeros y que deja zonas del término municipal incomunicadas.

    Torrevieja superó los 50.000 habitantes en el año 2001, lo que implicaba –de acuerdo en lo estipulado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que el municipio debía prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros desde ese año.

    El PP montó el actual sistema patatero de autobuses para evitar cumplir con esa obligación durante más de 14 años. Pero a los dos meses de perder su mayoría absoluta, ya estaban criticando el lamentable sistema de autobuses que ellos mismos implantaron y exigían que el gobierno democrático arreglasen de un plumazo lo que ellos fueron incapaces de arreglar entre 2001 y junio de 2015.

    Poner en marcha un auténtico servicio de transporte colectivo urbano de viajeros es uno de los retos más importantes que tiene el municipio y requiere una importante inversión.

    Cabe esperar que el PP y Ciudadanos no actúen igual que hicieron con la municipalización del servicio de las basuras y no boicoteen este importante servicio que demanda la ciudadanía.
    Poner en marcha esta inversión será posible gracias a que Torrevieja se ha convertido en una de las grandes ciudades con menos deudas con los bancos.

    Recientemente, el Ayuntamiento redujo considerablemenete sus deudas al amortizar dos grandes préstamos que solicitó a los bancos el anterior gobierno del PP. Que nadie se lleve a engaño con la demagogia del PP: esos préstamos ya se estaban devolviendo y se iban a devolver en su totalidad; lo que ha hecho el actual gobierno local es amortizarlos antes de su finalización, con lo que ha conseguido un considerable ahorro en el pago de intereses.

    Pero, la razón más importante para liquidar esos préstamos de forma anticipada es otra. Es algo de lo que habló y habla mucha gente en abstracto pero que se suele olvidar al analizar los casos concretos.

    ¿Recordamos la famosa reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que hicieron PSOE y PP en el año 2011 al dictado de Angela Merkel? Esa reforma establece en el texto constitucional el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública sea lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.

    Esa reforma prioriza el pago de la deuda de las administraciones públicas por encima de cualquier otra consideración. Y en base a esa reforma, en el año 2012, el PP aprobó Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha conllevado la pérdida de gran parte de la autonomía de los ayuntamientos y la intervención del Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos e inversiones municipales, impidiendo incluso el aumento de las plantillas del personal municipal.

    Es esta norma la que obliga a los ayuntamientos a poner en primer plano el pago de sus deudas, bajo pena de no poder hacer planes de inversiones. Y ahí están los reparos de la intervención para recordarlo y las prohibiciones de inversiones y de contrataciones e incluso amenazas de disolución de ayuntamientos que hace el Gobierno del Partido Popular.

    Ir liquidando los préstamos pendientes de amortización es una condición imprescindible para que el Ayuntamiento pueda desarrollar servicios que requieren importantes inversiones, tales como la municipalización de las basuras, la red de transporte público de viajeros, la red de pluviales, aumentar la desfasada y congelada plantilla del Ayuntamiento (por ejemplo, en policías locales), etc. Porque si no se hace así, el Ministerio de Hacienda pondrá trabas e impedirá cualquier inversión municipal relevante. ¿O acaso no vemos en la prensa las amenazas de Montoro a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas si no siguen las directrices estabilizadoras y restrictivas del gasto?

    Hay que tener en cuenta otro dato importante: muchas de las cosas que se necesitan en Torrevieja (nuevo presupuesto municipal, municipalización de servicios...) requieren de la aprobación de la mayoría absoluta de los concejales en el Pleno(13 sobre 25) y, como es sabido, el gobierno local está formado actualmente por cinco grupos que tan sólo suman 12 ediles. Ya vimos lo que ocurrió con el presupuesto en el que se recogía la inversión necesaria para municipalizar las basuras. Una cosa es lo que nos gustaría y otra muy distinta la realidad legal y la aritmética electoral en la que nos movemos.

    Además de los intoxicadores de turno que fueron incapaces durante 14 años de dotar a Torrevieja de una red de transporte urbano en condiciones, también hay muchas personas a las que se les escapa la realidad en la que desenvuelven los ayuntamientos bajo la Ley Montoro o de Estabilidad Presupuestario. De los primeros, conviene pasar ampliamente; a los seguntos, cabría pedirles más reflexión.

    Al igual que se ha hecho en Torrevieja, los llamados ayuntamientos del cambio como Cádiz, Valencia, Barcelona y Madrid -e incluso la Generalitat Valenciana-, han centrado gran parte de sus esfuerzos de gestión en la reducción de sus endeudamientos para así no estar tan constreñidos por el Ministerio de Hacienda a la hora de poder realizar inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

    ¿Relacionamos ya algunas cosas?



    Transporte urbano y préstamos en Torrevieja

     

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