Costas levanta acta de las dos torres en Punta Llisera que se propone expropiar

JULIO MARÍN E
l caso de las torres de Punta Llisera que el constructor Ballester edifica a pocos metros del mar tuvo ayer un nuevo episodio tras hacer oficial hace tres días la necesidad de ocupación, trámite indispensable para comenzar el expediente de expropiación. Un notario, acompañado del jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, se presentó ayer a pie de obra para levantar acta de comprobación de lo que se ha construido hasta ahora, que a simple vista son las cinco plantas de sótano, nueve plantas en un bloque y diez en el otro. Con los datos de ayer, los técnicos del Servicio de Costas elaborarán una valoración económica que, sumado al valor del solar, resultaría la indemnización que debería abonar el Ministerio a Edificaciones Calpe. No obstante, la empresa entiende que también le corresponde una cantidad por el lucro cesante sobre los pisos que ya tiene vendidos o reservados.
A primera hora de la mañana se personaron en la obra varios técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y pasadas las dos de la tarde lo hacía el jefe provincial de Costas junto a la notario María Dolores Signes, a quienes los responsables de la obra mostraron la planta tipo de los edificios "pero no nos han dejado entrar porque quieren la petición por escrito" explicó. Vicente Martínez precisó que lo de ayer "es una etapa más en el trámite de expropiación" y añadió que "todo lo que construyan a partir de ahora no entrará en la valoración económica".
Por su parte, un portavoz de la empresa admitió que "estábamos esperando hace tiempo" el trámite de ayer, pero avanzó que "seguiremos con los trabajos hasta que haya una resolución firme de un juez que nos lo impida". Del mismo modo, este portavoz manifestó la intención de la mercantil de "seguir pleiteando hasta el final porque estamos convencidos de que tenemos razón, y así lo han dicho todos los tribunales hasta el momento". Lo primero que harán, dijo, es presentar un recurso de alzada y si este es desestimado "acudiremos a la vía judicial".
Por otro lado, el concejal de Urbanismo de Benidorm, José Ramón González de Zárate, lamentó que todo este caso "se haya quedado en una cuestión política" y recordó que desde las pasadas elecciones locales "los del Ministerio no han vuelto por aquí para hablar de las torres de Punta Llisera. Casualmente sólo aparecen por Benidorm cuando se acerca un período electoral".
Edificaciones Calpe quiso aclarar también que los edificios no se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre, sino en la zona de servidumbre de edificación.