La jueza plantea declarar secretas las actuaciones por el caso de las motos policiales

C. F. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de La Vila ha pedido al Fiscal que se pronuncie para que se declaren secretas las actuaciones judiciales y que el secretario del Consistorio vilero sea llamado al juicio como testigo y no como imputado. En la querella interpuesta por concejales del PP local le acusan, tanto al alcalde como al edil Marco Antonio Vidal, de un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en la compra de dos motocicletas para la Policía Local y otra para uso del propio concejal de Seguridad Ciudadana.
En la provindencia notificada ayer por la titular del Juzgado número 2 de Villajoyosa, se da por hecho la apertura de diligencias y que tanto el alcalde, Gaspar Lloret como el concejal de Seguridad, Marco Antonio Vidal sean llamados a la causa como imputados por un presunto delito de prevaricación y el segundo además por uno de malversación.
La querella que han presentado los populares se fundamenta en la adquisición de dos motocicletas para la Policía Local por encargo del concejal de Seguridad Ciudadana a una mercantil por valor de 25.984 euros, de fecha 15 de octubre. Según la querella, la actuación administrativa «contó con el conocimiento y coautoría» del alcalde, Gaspar Lloret. En la querella se dice que el encargo se hizo «sin previsión o consignación presupuestaria». Sin embargo, poco después los populares esgrimieron un informe, en el que el secretario municipal del Ayuntamiento de La Vila advertía al concejal de Seguridad Ciudadana de que el procedimiento, iniciado por este último para el suministro de dos motocicletas para el parque móvil de la Policía Local, «no cumplía los trámites de legalidad».