JULIO MARÍN
L
os concejales del PP de La Vila Joiosa han interpuesto una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de la localidad contra el alcalde Gaspar Lloret, el edil de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Vidal, y el secretario municipal «por la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».
El origen de la querella tiene lugar en la adquisición de dos motocicletas para la Policía Local por encargo del concejal de Seguridad Ciudadana a una mercantil por valor de 25.984 euros. Ese encargo se hace el 15 de octubre. Según consta en la querella, dicha actuación es «a todas luces prevaricadora por carecer del procedimiento administrativo de contratación legalmente establecido y requerido» en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Debería haberse tramitado un concurso público o un procedimiento de negociado sin publicidad» dice la querella. Según la denuncia, la actuación administrativa «contó con el conocimiento y coautoría» del alcalde y el secretario municipal, quienes certifican con su firma la existencia del encargo para adquirir las motocicletas. En la querella se hace constar que el encargo se hizo, además, «sin previsión o consignación presupuestaria».
Lo más grave, según reza en la querella, es que además de las dos motos referidas, el concejal Marco Antonio Vidal «encargó a título particular una tercera moto» a la misma mercantil. «Ello podría tildarse de casualidad si no fuera por el precio por el que se encargaron las dos motos destinadas a la Policía Local» indica la querella. Así, según el distribuidor oficial de la marca de las motocicletas, cada una de ellas tiene un precio recomendado de 9.999 euros (con sistema ABS); o de 9.349 euros (sin él);. Las ofertas rebajaban este precio en unos 800 euros. La suma de ambas cifras, en cualquier caso, no excede los 20.000 euros, a los que hay que añadir el coste de la rotulación, sirena, luces... «que no puede ascender nunca a más de 2.000 euros». La diferencia hasta los 25.984 euros destinados al gasto es, según los querellantes, el precio de la moto que adquirió el edil, valorada según el distribuidor en 3.449 euros. Todos los precios incluían el IVA y el impuesto de matriculación.
En la denuncia se adjunta el escrito del edil encargando las dos motos, el certificado emitido por el secretario y firmado por el alcalde y el fax enviado por el distribuidor con el precio de las motocicletas.
El concejal lo niega
Marco Antonio Vidal, concejal de Seguridad Ciudadana, al ser preguntado admitió que no se siguió el procedimiento correspondiente «porque las partidas presupuestarias estaban agotadas y eran deficitarias y se optó por comprarlas ante la urgencia que nos trasladaban los sindicatos». Sobre su motocicleta añadió que «tengo las facturas en mi poder y no hay nada raro». El edil anunció otra querella al PP «por lesionar mi honor» y afirmó que los populares «se han pasado tres pueblos».