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GUADALEST

Un informe revela que el ex alcalde empleó a inmigrantes sin permiso de residencia

Los trabajadores del parking público y la piscina municipal tampoco habrían tenido relación contractual con el Ayuntamiento

 
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 parking público de Guadalest en el que trabajaban inmigrantes ilegales empleados por el ex alcalde
Imagen del parking público de Guadalest en el que trabajaban inmigrantes ilegales empleados por el ex alcalde   ROSARIO FRAILE

JULIO MARÍN E l ex alcalde de Guadalest, el popular, Juan Bautista Balaguer, empleó a inmigrantes ilegales en el aparcamiento público de la localidad cuya misión era la de cobrar los tickets del parking. La recaudación era, posteriormente, entregada en mano al primer edil. El nuevo equipo de gobierno lo ha reflejado en un informe sobre el estado económico del Consistorio y en él se destaca que dichas personas «no tenían relación contractual alguna con el Ayuntamiento». Con la llegada de la nueva alcaldesa, la socialista Trinidad Amorós, se llegó a contratar sólo a una de esas personas «por estar la otra en situación irregular en españa, sin permiso de residencia y trabajo». Sin embargo, no era una situación aislada ya que tampoco el empleado de la piscina municipal tenía contrato con el Ayuntamiento. A estos trabajadores se les pagaba en dos cobros; uno en concepto de nómina «y del otro se desconoce el concepto».
La gestión del anterior alcalde ha estado marcada por las irregularidades, a tenor de lo reflejado en el informe. Así, al poco de acceder al gobierno el PSOE se conoció que el Ayuntamiento poseía dos cajas fuertes, una en la Casa Orduña y la otra en el almacén de la piscina. «El gobierno no fue informado de su existencia hasta el 18 de junio, en que se abrieron y el secretario interventor también desconocía su existencia hasta ese momento».
Los socialistas han constatado asimismo otras anomalías como el hecho de que «a 16 de junio de este año aún no se había emitido la tasa de basuras del último trimestre de 2006» o la existencia de actividades de ocupación de la vía pública «sin licitación o concesión desde el Ayuntamiento». El nuevo gobierno también descubrió que el bar de la piscina funcionaba sin licencia pese a estar abierto desde 1999 y que era «costumbre» efectuar pagos a personas físicas «sin relación contractual con el Consistorio».

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