«Sobrecarga de trabajo». Esa es la razón por la que el Ayuntamiento de Benidorm ha decidido cederle a Suma, el ente de gestión tributaria dependiente de la Diputación de Alicante, la gestión del impuesto de las plusvalías que está generando quebraderos de cabeza en la administración local por los expedientes acumulados y por resolver.
La propuesta será elevada al pleno de este mes y ya ha pasado por comisión además de por la Junta de Portavoces. En ella se recoge que esta decisión «obedece a la necesidad de resolver la problemática planteada» en el área de Tesorería y que deriva de la última sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 sobre el Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) que declara que son «inconstitucionales y nulos» en algunos casos.
Este auto ha hecho que las reclamaciones por este impuesto se multipliquen. Además, ha dado la causalidad de que el contrato que el Ayuntamiento firmó para tener asistencia técnica sobre el tema también expiró; con él se consiguió avanzar en la resolución de expedientes.
Así que con esta situación sobre la mesa, Tesorería, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, ha avisado «de forma reiterada» de que eran muchos los expedientes pendientes de resolución y que había una cumulación de los presentados desde octubre de 2017 lo que «hace inviable» que se puedan tramitar «los más de 400 expedientes pendientes y que cada día van incrementándose». Tanto es que «no se han resuelto los recursos presentados por los interesados desde junio de 2017» acumulando retrasos de más de un año en el periodo de resolución, a pesar de que el pleno aprobó en enero de este año que debían ser sólo de seis meses.
Por todo ello, el gobierno local ha decidido que Suma gestione este impuesto como ya hace con otros en el municipio. Sin embargo, desde la oposición, Ciudadanos ya criticó hace unos días esta decisión alegando que este nuevo servicio no trae ninguna compensación al Consistorio.
Además apuntaron que «no sólo no han negociado una reducción de la cuota que abona la entidad por el cobro de otros impuestos y tasas municipales», como llevan reclamando desde el inicio de la legislatura, «sino que le han dado uno más a cambio de nada».
