La implantación de este nuevo rastro ha estado envuelta en polémica desde el primer día. El Ayuntamiento le concedió en 2013 un certificado de compatibilidad urbanística, lo que llevó a la Dirección General de Comercio a emitir en 2014 la licencia favorable. A partir de ahí, el rechazo del comercio local de Benidorm, que siempre lo tildó de tercer mercadillo encubierto, y la proximidad de las municipales de 2015, hizo que se sucedieran recursos judiciales, informes y expedientes municipales que lo bloquearon durante 5 años. Los juzgados han avalado siempre su legalidad.
