El crecimiento exponencial de la oferta de alojamiento turístico en la Comunidad Valenciana desbordó hace tiempo la capacidad de la administración autonómica para vigilar el cumplimiento de la normativa. En estos momentos, la Agència Valenciana de Turismo (AVT) de la Generalitat tan solo cuenta con 13 inspectores, tres en Valencia, tres en Castelló y siete para la provincia de Alicante.
Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2017 la autonomía tenía 528.025 plazas de alojamiento reglado (un 13% más que el año anterior), salen a 40.617 por cabeza. Cada dirección territorial tiene unos 25 funcionarios que asisten en tareas administrativas a los trece inspectores, pero no dan a basto.
La carencia de personal llega en un momento crítico, con la administración en plena guerra contra el alojamiento ilegal. Esta semana, precisamente, las Corts han sacado adelante la nueva ley de Turismo con la que la administración trata de poner coto a la oferta turística sumergida.
Las cifras del crecimiento de alojamiento son descomunales, básicamente por el fenómeno de las viviendas turísticas que se ofertan a través de plataformas tipo Airbnb. La planta hotelera se mantiene estable: un 1,1% más de plazas hasta las 126.258 en 2017. Hay 776 hoteles en la Comunidad Valenciana, casi 60 por cada inspector.
Es la oferta en apartamentos la que ha crecido de forma desmesurada, básicamente porque la actividad inspectora ha hecho aflorar miles de pisos turísticos y han pasado a engrosar las cifras del registro de viviendas turísticas en la Comunidad Valenciana. A cierre de 2017, hay 305.614 plazas de apartamentos turísticos, un 23,7% más en un año.
Benidorm, líder en viviendas
Hay un inspector por cada 4.800 apartamentos/viviendas registradas. Y se teme que pueden quedar muchas bajo el radar de la administración. El último anuario de oferta turística pone especial énfasis en el crecimiento de València, donde se dispara un 61,8% el número de plazas en viviendas solo en un año, hasta las 17.721.
El fenómeno Airbnb está acercando la capital a las magnitudes de los destinos costeros de referencia, como Benidorm (25.842 plazas) u Oropesa (21.906). El anuario de la oferta turística de la Generalitat achaca este incremento al «desarrollo de la comercialización de esta modalidad de alojamiento a través de las grandes plataformas online, que ha provocado un aumento de la oferta no regularizada».
Entre las funciones de la AVT, en todo caso, no solo figura la vigilancia y control de que las viviendas. Deben, en realidad, vigilar el cumplimiento de toda la normativa turística, evacuar los informes que le sean solicitados; comprobar reclamaciones, denuncias y comunicaciones de irregularidades, o asesorar e informar sobre requisitos de infraestructuras, instalaciones y servicios de empresas turísticas.
27 expedientes a plataformas
La labor es ingente. Solo en 2017 los servicios de inspección de la AVT recibieron más de 1.600 denuncias, realizaron 2.227 inspecciones, y se levantaron 275 actas. La actividad más visible en estos últimos años han sido los expedientes sancionadores a las plataformas que comercializan viviendas por internet. La AVT inició en 2016 una campaña para evitar que las viviendas que no cuentan con número de registro puedan ofrecerse en las mismas. Desde 2016 se han abierto un total de 27 expedientes sancionadores a diversas plataformas. De ellos, 18 se han dado por finalizados, imponiendo sanción en 14 (30.000 ?) y archivando otros cuatro, por subsanación total por parte de la plataforma. En estos momentos hay 9 expedientes que se encuentran en tramitación.
