La historia de la expropiación de terrenos del Moralet viene de muy lejos. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Benidorm daba, por fin, casi por terminado el proceso para pagar a la empresa Incobe, propietaria del suelo y participada por Enrique Ortiz, con el abono de 5,9 millones de euros, el precio que el Jurado de Expropiación estableció que tenían los terrenos y que fue ratificado por el Tribunal Supremo (TS). El problema es que, por un error burocrático, la cantidad abonada fue de 40 euros menos, lo que ha hecho que el expediente prácticamente vuelva al inicio.

Ese error en el área de Intervención a la hora de efectuar el pago a la firma Incobe hizo que la cantidad abonada no coincidiera con la que debía pagar el Ayuntamiento. Al final, 40 euros de diferencia que harán que el proceso de la expropiación pueda volver a demorarse años, según confirmó a Efe la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles.

La cuestión es que el Ayuntamiento acordó el pasado mes de diciembre en el pleno denegarle a la mercantil en la que participa Ortiz una nueva retasación después de que la hubieran solicitado y el Consistorio hubiera abonado sólo un mes antes la cantidad que determinó el Supremo, esos 5,9 millones de euros. La mercantil decidió volver a pedir al Jurado Provincial de Expropiación que pusiera precio al terreno y surgió el error de 40 euros.

Así que, al «no haberse pagado la cantidad total», aunque sólo faltara ese poco dinero, «se puede volver a pedir la retasación», según explicó a este diario la edil del área. Así que de nada ha servido que se pagaran esos 40 euros para intentar encarrilar la situación.

Lo sucedido ha caído como un jarro de agua fría ya que la expropiación del Moralet lleva mucho años coleando. En 2012 ya se empezaba a hablar de ese suelo en este área de Benidorm. La empresa solicitaba entonces que se le expropiaran los terrenos al no haber sido desarrollado, pero el gobierno de aquel momento de PSOE y Liberales se encontró con que le pedía 47 millones de euros para obtener los terrenos. El Consistorio, sin embargo, tasó el suelo en 73.000 euros, lo que dio inicio a una batalla en los tribunales que terminó con la tasación hecha por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV): 5,9 millones de euros. Esta cantidad fue ratificada después por el Supremo.

El ejecutivo local actual procedió en noviembre al pago del montante principal, pero no a los intereses de demora generados desde que en 2012 se abrió el expediente. Esos intereses se valoraron en noviembre en 1,08 millones de euros.

Rehacer lo hecho

Así que con ese error, el siguiente paso es llevar al pleno ordinario de abril la declaración de nulidad del acuerdo plenario de diciembre que rechazó la retasación de la empresa porque, al no pagar la cantidad total, se aprobó algo que no corresponde con la realidad. La concejala afirmó que «ahora habrá que esperar al justiprecio que diga el Jurado Provincial de Expropiación», pero lo que sí espera es que las cantidades que ya se habían fijado no varíen tras pedir la empresa la retasación de los más de 300.000 metros.

Sin embargo, este puede que no sea el único paso que de la empresa Incobe. Las mismas fuentes explicaron que la empresa podría acudir al contencioso-administrativo, con lo que el proceso se alargaría hasta una sentencia firme del TSJCV, para la que podrían pasar varios años. Incluso, con un nuevo recurso en casación, el caso podría volver a llegar al Supremo.