Los letrados de la Administración de Justicia -nueva denominación de los secretarios judiciales- del partido judicial de Benidorm se concentraron ayer ante el Palacio de Justicia de la ciudad turística para mostrar su descontento con la actuación del Ministerio de Justicia y exigir al ministro Rafael Catalá la adecuación salarial pendiente desde el año 2009, cuando se modificaron las atribuciones de estos funcionarios, dotándolos de más funciones y mayor responsabilidad. De esta manera, los letrados destinados a Benidorm se unieron al paro convocado por este gremio en todo el país, sumando su protesta a la que ya realizaron días atrás jueces y fiscales.

Los afectados leyeron una carta dirigida al ministro de Justicia y recordaron que desde el año 2009 el Ministerio «ha tratado de impulsar la modernización de la Administración de Justicia en el marco de la llamada Nueva Oficina Judicial, atribuyendo a los letrados multitud de funciones antes desempeñadas por los jueces». Ahora bien, estas nuevas responsabilidades, resaltan, «no han ido acompañadas de la correspondiente retribución. Ni siquiera se han equiparado nuestras retribuciones con las que perciben otros cuerpos nacionales de la misma categoría A1 dentro y fuera del Ministerio de Justicia».

A todo ello, los letrados suman otra queja que, a su juicio, también está lastrando su labor. Para los antiguos secretarios judiciales, la Administración de Justicia arrastra «graves carencias que deben solucionarse de forma urgente», entre las que citaron el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial; la implantación eficaz de nuevas tecnologías; el establecimiento de un sistema de estadística judicial directo desde las aplicaciones informáticas; la compatibilidad entre los sistemas de gestión procesal; la modernización de edificios judiciales;un Registro Civil público y gratuito a cargo de los letrados; el establecimiento de cargas de trabajo máximas; o facilitar los medios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes a los ciudadanos y para el auxilio de los órganos judiciales con competencias en corrupción.