Anne Hernández es una ciudadana británica que lleva más de 15 años residiendo en nuestro país. La legislación actual no le permitió votar en el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, ni tampoco en las últimas elecciones generales celebradas en España.
Ante este tipo de situaciones y, sobre todo, para defender los derechos de sus compatriotas en nuestro país, decidió crear la asociación «Brexpats», que recientemente visitó la Costa Blanca para alertar a la Marina Baixa de las consecuencias negativas del Brexit.
La entidad sin ánimo de lucro que preside, respaldada por más de 5.000 representantes en provincias como Alicante o Valencia, cuenta también con el apoyo de juristas y personalidades como el embajador británico en España o la Cónsul Británica de Alicante.
Brexpats estima que cerca de 320.000 personas del Reino Unido residen en España, de las cuales una tercera parte son pensionistas. Precisamente este colectivo de más de 65 años sería el que "sufrirá las peores consecuencias" tras la programada salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Pese a la gran colonia británica que convive en Benidorm, su presidenta cree que la ciudad «no obtendrá un trato especial» y que sus compatriotas podrían llegar a perder, en toda España, derechos como las pensiones o el acceso a la sanidad pública gratuita.
Se estima que más de 3.400 ciudadanos procedentes del Reino Unido viven actualmente en Benidorm. A esta cifra, que supone el 12,52% del total de extranjeros residentes, habría que añadir una importante cantidad de compatriotas que viven en la ciudad sin estar empadronados.
Seguros privados «abusivos»
Tal y como destaca esta asociación defensora de los derechos tras el Brexit, un gran número de británicos que escoge España para fijar su residencia es pensionista, sector especialmente «vulnerable e indefenso». Solo en Benidorm, el 18,9% del censo tiene más de 65 años, colectivo que teme que ventajas como la sanidad gratuita desaparezcan si se materializa una decisión que la primera ministra británica, Theresa May, ha fijado para el mes de marzo de 2019.
Actualmente, el gobierno británico asume la atención médica que reciben los británicos en nuestro país, algo para lo que destina cerca de 285 millones al año. «Si salimos de la UE, la única opción sería el seguro privado, algo prohibitivo si ya tienes una enfermedad o más de 50 años», explica Hernández.
La sanidad no es la única preocupación del colectivo británico en España. Otra de las dudas que surgió tras el Brexit, saber qué sucederá con las pensiones o los años trabajados cotizados en el Reino Unido, también inquieta a la tercera edad de zonas como Benidorm.
Empadronarse no es suficiente
De cara a no perder sus beneficios, Brexpats llama a los británicos residentes en la Costa Blanca a legalizar su situación. Sin embargo, empadronarse no bastaría para que los residentes conservasen sus derechos en España. Hernández pide que se contemple la posibilidad de conceder la doble nacionalidad a los inmigrantes de Reino Unido que lleven más de diez años asentados en territorio español. «En Inglaterra los españoles pueden obtener la doble nacionalidad, sin embargo, a nosotros la legislación de aquí nos prohíbe mantener esa dualidad», lamenta.
Brexpats, entidad que ya estuvo recientemente en l´Alfàs del Pi y que promete volver este año a la Costa Blanca, denuncia la «poca información» de los gobiernos ante la situación, sobre todo en cuestiones como las pensiones o la Sanidad. «No sabemos si podremos, por ejemplo, seguir votando en las elecciones municipales españolas». Para tratar de poner solución a todas estas dudas, seguirán llamando a la unidad y al diálogo de los ciudadanos, reuniéndose con entidades como gobiernos y embajadas.
La preocupación de los británicos residentes fuera del Reino Unido, pensionistas o no, no es algo exclusivo de los residentes en España. Anne Hernández asegura que ya están en contacto con asociaciones de similares características y mismos objetivos en otros países como Italia o Francia. Todos ellos seguirán reclamando que los derechos que obtuvieron como ciudadanos europeos no se eliminen, suceda lo que suceda en marzo de 2019.
