El Ayuntamiento de La Vila Joiosa no está conforme con lo establecido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en la que se ordenaba la demolición de una parte del hotel Atrium, ubicado en la Cala. En concreto, en el fallo, que se dio a conocer a finales del mes de enero, se anulaban las licencias de obra que se otorgaron en 2006 y 2007 para reiniciar los trabajos de este establecimiento hotelero que ya había pasado por un periplo judicial anterior.
En ese momento, el Consistorio anunció que recurriría la decisión para lo que tenía un mes. Así que así lo ha hecho. Primero, presentando un «escrito de preparación para el recurso de Casación» que ha presentado en el TSJ para, posteriormente, acudir el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas por este diario.
El Ayuntamiento lleva todo este tiempo estudiando cómo recurrir la sentencia por medio de sus servicios jurídicos. La razón: porque considera que todo el procedimiento que se hizo para otorgar esas licencias «estaba dentro de la legalidad», según explicó el concejal de Urbanismo, Jaime Ramis, a este diario. Ahora, tras la presentación de este escrito de preparación del recurso de Casación, se irá al Supremo.
La sentencia que se dio a conocer en enero estimaba el recurso interpuesto por un particular y encomendaba la demolición al Ayuntamiento de La Vila y a la mercantil Hotel Luna SL, promotora del proyecto hotelero rebautizado como La Vila Resort. La empresa también anunció en su momento que recurriría este fallo como ha hecho el Ayuntamiento.
En el escrito del TSJ se explicaba que en esta ocasión se anulan esas dos licencias y un decreto de Alcaldía de 2007 al entender que se otorgaron en base a un segundo Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) aprobado por el Ayuntamiento, gobernado en aquel momento por el PP, y que, según el juez, era una «mera modificación del primero». Un PRIM que también fue declarado nulo en 2012 por el Tribunal Supremo.
Las obras del Atrium se iniciaron en 2002 y se paralizaron años después hasta que, en 2005 se aprobó ese primer PRI para legalizar el exceso de edificabilidad que se detectó en 2003. La empresa tuvo que resarcir a modo de compensación con la cesión de 21.000 metros cuadrados de suelo al Ayuntamiento, pagar 1,5 millones de euros para obras públicas en la Cala, demoler 14.000 metros cuadrados de la estructura y una sanción de cerca de 4 millones de euros.
