La exconcejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Benidorm, Natalia Guijarro, no ha tenido que declarar hoy, como estaba previsto, ante el juez que instruye la causa por los supuestos casos de enchufismo en el Consistorio benidormense. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 ha aplazado la declaración de la concejal, citada en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
Además de Guijarro, en la causa estaban ya imputados el exalcalde socialista Agustín Navarro, que sigue siendo edil y diputado provincial; el exconcejal de Personal del PSOE Juan Ramón Martínez, ya retirado de la primera línea política; y a la exjefa del departamento de Personal, Carmen Navarro, todos ellos investigados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Junto a ellos, también está implicado en la misma condición el excoordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro, quien también es representant e sindical de UGT en el Ayuntamiento y uno de los funcionarios que habrían salido beneficiados en su día por los ascensos ejecutados por el gobierno socialista, que después avalaron los tribunales.
Antes de conocer la suspensión de su declaración, la exconcejal ha acudido hasta el Palacio de Justicia de Benidorm alrededor de las once de la mañana, una hora antes de la hora a la que había sido citada. Y lo ha hecho tranquila y con ganas de colaborar con la Justicia, como ya trasladó tras su citación a este diario.
De hecho, fuentes relacionadas con el caso han explicado que el juez ha decidido aplazar la declaración de la concejal una vez que todas las partes estaban en el Juzgado. Al parecer, la causa que ha motivado dicho aplazamiento habría sido la falta de personación como parte activa por parte del representante legal de Guijarro, aunque otras fuentes también han achacado los hechos a la carga de trabajo en la sede judicial y la voluntad del magistrado de estudiar con más profundidad la causa.
Por el momento, se desconoce la nueva fecha en la que volverá a ser citada la exedil.
Desfase económico
Los hechos objeto de la causa fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos. También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal.
En aquella época, Natalia Guijarro ejercía como concejal de Hacienda, mientras que su compañero de grupo, Juan Ramón Martínez, era el responsable de Recursos Humanos. Tras las municipales de 2011, que ganó el PSOE, Guijarro mantuvo las delegaciones del área económica y sumó también las de Personal, departamento que gestionó hasta que los socialistas perdieron las elecciones de 2015.
