Casi 284 millones de euros. Esa es la cantidad que el empresario Francisco Murcia Puchades reclama al Ayuntamiento de Benidorm en nombre de varias de sus empresas por la expropiación de su suelo dentro del APR-7 de Serra Gelada, que luego fue declarado parque natural. La razón: unos convenios que se firmaron en 2003 y que, tras varias ampliaciones de plazo, expiraron el pasado mes de mayo de 2016.
Puchades presentó el 15 de febrero de 2018 en el Ayuntamiento un escrito en el que pide «el abono de la compensación económica pactada» en dichos convenios por los «aprovechamientos urbanísticos» de los terrenos a su nombre en esta zona de Benidorm. Así, el cálculo que hacen es de 283.055.750,12 euros, tres veces el presupuesto del Consistorio en un año, a lo que habría que sumar los intereses de demora si se tarda en satisfacer dicha cantidad, según fuentes municipales.
La petición del conocido empresario llega después de que esos convenios caducaran hace más de un año y al no satisfacerse la compensación en terrenos pactada en los mismos. Y es que esos acuerdos de hace 15 años recogían que, a cambio de la expropiación de los 400.000 metros cuadrados de terreno en Serra Gelada para convertirlo en zona protegida y renunciar a sus derechos urbanísticos, los propietarios recibirían suelo en otros planes parciales de la ciudad.
En estos años, esos convenios se han modificado dos veces: una en 2010 y otra en 2013. En las dos se ampliaba el plazo para satisfacer estas compensaciones, según las mismas fuentes, en tres años cada vez. Pero el último expiró en mayo de 2016 sin obtener ningún resultado, lo que ha motivado la reclamación del empresario en nombre de sus sociedades.
Este es el primer paso que el interesado piensa dar antes de presentar un recurso contencioso administrativo en los tribunales en el caso de que «no se hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a acuerdo» con la adminsitración local, según el escrito.
Años de idas y venidas
La petición de la compensación económica por la expropiación de esos terrenos viene de lejos y se remonta a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1963, lo que otorgó unos derechos urbanísticos adquiridos a los propietarios al calificar el suelo como urbano, una calificación que se mantuvo en el PGOU de 1990. En 2001, el Ayuntamiento y las mercantiles de Puchades firmaban un «protocolo de intenciones» en el que, entre otras cuestiones, se recogía la «reclasificación en suelo no urbanizable protegido» de los terrenos y su cesión al Ayuntamiento y la compensación a los propietarios.
Dos años más tarde llegaba el convenio por el que los dueños aceptaban ese acuerdo y perdían los derechos urbanísticos sobre el sector a cambio de aprovechamiento en otros sectores de Benidorm. Para esta compensación se daba un plazo de cinco años pero fue en 2010 cuando se renovó el mismo con una prórroga de tres años que se amplió a otros tres.
En mayo de 2015, justo un año antes de que terminara el último plazo, Murcia Puchades solicitó al Ayuntamiento, según las mismas fuentes, que éste «cumpliera con las obligaciones derivadas del convenio de 2003» antes de junio de 2016 y que, si no lo hacía, se incluyera en el presupuesto de éste último año una «partida destinada al pago del precio por la adquisición de los terrenos». Pero no recibieron respuesta. Con todo, las mismas fuentes indicaron que en el escrito se recoge que los propietarios siempre se han mostrado dispuestos a colaborar para resolver este asunto.
Rechazo durante años
En varias ocasiones el Ayuntamiento ha rechazado las peticiones de Puchades cuando PSOE y Liberales gobernaban. Una de las razones era que la zona quedó protegida en 2005 por la Conselleria de Medio Ambiente con un PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales). Pero además, en 2012, tuvo lugar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que establece que el suelo del APR-7 no debía considerarse como urbano, sino como protegido. De ahí que el PP alegara en 2013 que no se tendría que haber reactivado esos convenios en 2010. Habrá que esperar a ver qué camino toma ahora el Ayuntamiento.
