No intervino en el procedimiento de contratación y, por tanto, no tuvo nada que ver con la adjudicación de un contrato a su empresa. La concejal de Empleo y Consumo del Ayuntamiento de Benidorm, María Jesús Pinto (PP), se desvinculó ayer ante el juez de las compras que el Consistorio realizó en un supermercado de su propiedad. La edil acudió ayer a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4, que investiga a Pinto por un supuesto caso de prevaricación administrativa.

Los hechos que derivaron en su imputación ocurrieron en diciembre de 2016. El Ayuntamiento adjudicó al «súper» de Pinto un gasto por valor de 9.980,35 euros para comprar alimentos que repartir a familias en situación de vulnerabilidad, dentro de una campaña navideña de la Concejalía de Bienestar Social. Este contrato fue sacado a la luz pública semanas después por el grupo municipal socialista, que lo tildó de «poco ético» y «muy reprobable». Meses después, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción llevó el caso a la Fiscalía.

Fuentes relacionadas con la edil afirmaron ayer que su declaración ante el juez fue «rápida» y que se desarrolló en un clima de «total colaboración con la Justicia». Pinto habría respondido a todas las preguntas formuladas por el juez, el único encargado de sacar adelante el interrogatorio, al no comparecer ningún representante de la Fiscalía ni tampoco haber acusación particular.

Entre otros asuntos, la concejal habría afirmado que en ningún momento participó o tuvo conocimiento del procedimiento de contratación que acabó beneficiando a su empresa y, como ya defendió en su día el PP, la oferta realizada por su supermercado fue «la más barata». En este sentido, desde el gobierno local volvieron a insistir ayer que la compra en este supermercado fue un contrato menor y que, en lugar de adjudicarse a dedo «como permite en estos casos la ley, se optó por pedir tres presupuestos y adjudicar la compra a los dos más baratos».