El Consell ha avanzado un escalón más para que La Vila Joiosa tenga un nuevo edificio para ubicar los juzgados. Ayer se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la licitación de la redacción del proyecto que permitirá transformar el antiguo inmueble del ambulatorio en la nueva sede judicial por un importe de 132.000 euros.

A partir de este momento, las empresas interesadas tendrán 15 días naturales para presentar sus ofertas y propuestas que permitan convertir el antiguo edificio de la calle Juan Tonda Aragonés en uno moderno que se ajuste a las necesidades judiciales del municipio vilero.

A partir de que se adjudique el contrato para la redacción del documento, la mercantil que presente la mejor oferta tendrá nueve semanas para la creación del proyecto básico, que comenzarán a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. Una vez se apruebe esta fase, se otorgará otras nueve semanas más para la redacción del Proyecto de Ejecución, de los Proyectos de Instalaciones, de Actividad y del Estudio de Seguridad y Salud.

En 2019

Así que contando con toda la burocracia, las obras para comenzar a adecuar el edificio podrían comenzar en el primer trimestre de 2019 si se cumplen todos los plazos, según relató a este diario el alcalde de La Vila, Andreu Verdú.

Al menos esa es la esperanza que tiene el Ayuntamiento para poder contar con una infraestructura adecuada que albergue los tribunales del municipio que ahora se dividen en dos edificios separados.

Pero además, los actuales juzgados «se han quedado pequeños», según indicó el Consistorio, y «no dan opción a la ampliación necesaria de los servicios judiciales». La nueva sede judicial será «moderna y servirá para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos».

Con todo, será el Ayuntamiento quien gestione el actual inmueble que alberga los juzgados 1 y 2 de la Vila para destinarlo a usos socioculturales. A cambio, cede para el edificio del antiguo Centro de Salud, cuyo acondicionamiento correrá a cargo de la Generalitat. La propiedad de cada uno de los edificios se mantiene y solo se trata de cesiones de uso.

Verdú afirmó ayer estar «muy satisfecho del ritmo que lleva todo el proceso» ya que se trata de un proyecto «urgente y necesario para dar respuesta a las necesidades judiciales de la comarca». Y, sobre todo, «se trata de un magnífico ejemplo del fruto que puede dar el buen entendimiento y la voluntad de colaboración entre distintas administraciones».