El gobierno de Benidorm -PP y CBM- cerró filas ayer en torno a la edil de Participación Ciudadana, Empleo y Consumo de Benidorm, María Jesús Pinto, que ha sido llamada a declarar por un presunto delito de prevaricación administrativa. Así, el portavoz del ejecutivo municipal, el popular José Ramón González de Zárate, salió ayer en defensa de su compañera de equipo. «Confiamos totalmente en la justicia y en ella», zanjó el concejal.
Pero ahí no quedó la cosa. El portavoz del gobierno municipal fue más allá y lamentó que haya quien haga política con este tema. «Son miserables y unos sirvengüenzas porque políticamente este tema no tiene más recorrido», lanzó el edil a la vez que consideró que se está intentando perjudicar al equipo de gobierno y a una persona totalmente honesta y honrada que se dedica a intentar que la gente de Benidorm esté mejor».
Como se recordará, la concejal María Jesús Pinto, declarará el próximo 8 de febrero en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa dentro de la investigación que está haciendo el juzgado por un posible caso de prevaricación administrativa que fue puesto en conocimiento de la fiscalía por parte del Observatorio Contra la Corrupción tras tener conocimiento de que el Ayuntamiento de Benidorm había realizado unas compras en el supermercado que es propiedad de la concejal. Además, esta cuestión fue denunciada en rueda de prensa por el grupo municipal socialista el pasado mes de enero.
Así, según el PSOE, el Gobierno local habría adquirido productos de alimentación para una campaña de la concejalía de Bienestar Social en el supermercado de una de sus ediles. El gasto ascendía a 9.980 euros y se efectuó en diciembre de 2016 para adquirir alimentos destinados a una campaña de Navidad para familias desfavorecidas.
