Unidos por una causa común. La unanimidad ha sido el resultado de la votación de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas para poner solución a las reclamaciones falsas que los turistas extranjeros realizan sobre los hoteles de la Comunidad Valenciana, con el consiguiente perjuicio económico que tiene para el sector turístico, según informan fuentes socialistas.
El portavoz de Turismo del PSPV en Les Corts, Vicent Arques, recordó ayer que el sector se enfrenta «a un grave problema que está acarreando graves perjuicios económicos y de imagen para la industria turística», por lo que pidió al resto de grupos parlamentarios su apoyo «para buscar las soluciones pertinentes a una problemática que está relacionada además con el principal emisor de turistas hacia la Comunidad como es el Reino Unido».
Desde principios del verano de 2016 ya se empezó a detectar en los principales destinos de turistas británicos en España, como Benidorm, la presencia de bufetes de abogados ingleses que incitaban a los viajeros de esa nacionalidad a presentar a su regreso al Reino Unido una reclamación falsa por intoxicación alimentaria o por caídas contra los establecimientos en los que se habían alojado.
Vacaciones gratis
La finalidad de esta actuación era que las vacaciones les salieran gratis, por lo que se interponían reclamaciones de compensaciones económicas por supuestas intoxicaciones alimentarias que rondaban entre las 3.000 y las 5.000 libras, cuando en muchas ocasiones el paquete vacacional tan sólo había ascendido a 500 libras.
Así lo explicó el diputado socialista, por lo que la iniciativa pide la colaboración del gobierno del Reino Unido para que modifique su legislación en materia de reclamaciones por viajes realizados fuera de su territorio «incluyéndolas de nuevo en el portal de arbitraje de consumo británico y además limite los costes legales anexos a las mismas».
Así, en palabras del portavoz de Turismo «la iniciativa debe servir para que nuestro sector turístico pueda seguir gozando del prestigio de marca del que disfruta actualmente y que no se vea amenazado injustamente por la presentación de estas reclamaciones de dudosa veracidad que sólo buscan aprovechar resquicios procedimentales del sistema para hacer negocio a costa de los demás».
Las Cortes también han instado al Gobierno central a que «adopte las oportunas medidas legislativas en el ordenamiento jurídico español para limitar la aplicación de las cláusulas contrarias a la buena fe impuestas de forma unilateral por los touroperadores en los contratos de adhesión que se ven obligados a firmar nuestros establecimientos».
