La concejal de Participación Ciudadana, Empleo y Consumo de Benidorm, María Jesús Pinto, declarará el próximo 8 de febrero ante el juez titular del juzgado de instrucción número 4 de Benidorm como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La citación, a la que tuvo acceso Efe, convoca a la edil del PP en esa fecha para declarar en calidad de investigada, si bien en la citación existe una errata por cuanto sitúa la declaración el día 8 de febrero de este año.

La declaración se desprende de la investigación que está haciendo el juzgado por un posible caso de prevaricación administrativa que fue puesto en conocimiento de la fiscalía por parte del Observatorio Contra la Corrupción tras tener conocimiento de que el Ayuntamiento de Benidorm había realizado unas compras en el supermercado que es propiedad de la concejal. Además, esta cuestión fue denunciada en rueda de prensa por el grupo municipal socialista el pasado mes de enero.

Así, según el PSOE, el Gobierno local habría adquirido productos de alimentación para una campaña de la concejalía de Bienestar Social en el supermercado de una de sus ediles. El gasto ascendía a 9.980 euros y se efectuó en diciembre de 2016 para adquirir alimentos destinados a una campaña de Navidad para familias desfavorecidas.

Los socialistas también pusieron entonces en duda el proceso de compra por desconocer si el gobierno local había solicitado varios presupuestos a diferentes comercios para lograr un precio más barato.0

El gobierno se defendió

En aquel momento, el portavoz del gobierno popular, José Ramón González de Zárate, explicó que dicho supermercado había presentado la oferta más baja «sacrificando incluso cualquier margen de beneficio». Además apuntó a que las compras se realizaron a las dos empresas que ofrecieron mejores precios «con independencia de su nombre y apellidos».

Este presunto delito de prevaricación no es el único que estaba investigando el juzgado. Como ya publicó este diario el pasado mes de octubre, además de las compras en el supermercado de la concejala, el juez de Benidorm también había abierto diligencias contra el Ayuntamiento y le reclamó los expedientes administrativos relativos a la adjudicación directa de dos obras menores, que fueron a parar a dos mercantiles distintas pero administradas por la misma persona.

Unos hechos que podrían llegar a constituir un fraccionamiento irregular de contratos, como ya apuntó a la Fiscalía el Observatorio Contra la Corrupción (OCC). Estos contratos también fueron denunciados en la misma rueda de prensa por los socialistas.