Un juez ha fallado a favor de cinco vecinos de la subzona C y ha obligado al Ayuntamiento de Benidorm a anular las contribuciones especiales que, en su momento, cobró por la urbanización de esta zona de la ciudad. Unas sentencias que han sido objeto de debate esta misma mañana durante una Junta de Portavoces celebrada en el Consistorio benidormense.

Cabe recordar que hace ahora dos años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dio la razón a un total de 13 residentes de este barrio de la ciudad turística por este mismo motivo. Fue entonces cuando el resto de afectados pidieron la revisión de sus casos ante la administración local. El gobierno rechazó la solicitud y abrió la puerta a que estos residentes acudieran a la vía contencioso administrativa, como así hicieron. Ahora han comenzado a llegar los primeras sentencias y todas son favorables a los vecinos.

De seguir por este camino, el Ayuntamiento de Benidorm podría enfrentarse a un importante desembolso para subsanar este fallo durante el proyecto de urbanización de la subzona C así como para resarcir a los afectados y pagar las costas de los procesos judiciales. De ahí que el gobierno local del PP y CBM haya anunciado esta misma jornada su intención de solicitar una aclaración de sentencia "al entender que existen dudas sobre cómo debe la administración local proceder y ejecutarlas".

La portavoz adjunta del gobierno local, Lourdes Caselles, ha explicado que en estas sentencias, cinco en concreto, el juez "anula las liquidaciones definitivas giradas a estos propietarios, pero al mismo tiempo insta al Ayuntamiento a que revise de oficio todo el procedimiento de liquidación". "Tenemos dudas de que estas dos decisiones sean contradictorias, y por eso queremos que los tribunales nos clarifiquen cómo tenemos que actuar", ha indicado.

Paralelamente a la aclaración de sentencia, el alcalde, Toni Pérez, va a firmar un decreto "para iniciar el proceso de dejar sin efecto el acuerdo plenario de 27 de febrero, por el que no se admitió a trámite la revisión de oficio de las liquidaciones solicitada por los vecinos, y que es justamente lo que ahora marca la sentencia que habría que hacer".