Agotar la vía legal para evitar quedarse sin casas y que su edificio sea demolido. Esta es la intención que tienen los vecinos de las dos torres de 22 plantas de Punta Llisera de Benidorm, conocidas como «Gemelos 28», y que fue trasladada al Ayuntamiento de Benidorm tras una reunión mantenida con el abogado de 60 de los afectados.
Los propietarios acudieron al Consistorio apenas cuatro días después de hacerse público el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en la que se obliga al Consell a derribar ambos edificios e indemnizar a los dueños de las 168 viviendas. Allí mantuvieron una reunión con la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, que se desveló ayer tras una Junta de Portavoces convocada para ello.
La sentencia, según explicó Caselles, ha sido ya recurrida por el Consell. En caso de que este recurso ante el alto tribunal no fuera admitido, los vecinos ya preparan los suyos para agotar todas las vías. Estos recursos hacen que el proceso judicial vaya para largo, lo que tiene una consecuencia inmediata: el derribo de las dos torres no será inminente, según recalcó la edil, quien apuntó que entiende que los propietarios quieren así «defender sus derechos».
Ser parte
La reunión mantenida con los propietarios a petición de estos últimos tenía también otra finalidad para el Ayuntamiento: conocer de primera mano toda la información sobre esta sentencia ya que, según explicó Caselles, el Consistorio no es parte en el proceso judicial. Sin embargo, la intención del gobierno local es serlo, para lo que los servicios jurídicos municipales ya están estudiando la forma de poder personarse después de que también lo hayan solicitado los vecinos.
Mientras esto es posible o no, el Ayuntamiento quiere hacer sus gestiones directas con el Consell y con el Ministerio de Medio Ambiente, las dos partes en este procedimiento. Para ello, ya se pidió una reunión con Conselleria de la que aún no hay respuesta.
Pero además, el alcalde Toni Pérez ha solicitado otro encuentro con la ministra Isabel García Tejerina para tratar el asunto. La razón: son ambas administraciones las que disponen de toda la información respecto a la situación legal y jurídica del asunto.
Con todo, la responsable de Urbanismo quiso dejar claro en todo momento que el único procedimiento vinculado a las torres de Punta Llisera en el que estaba personado el Ayuntamiento era el relativo al otorgamiento de la licencia de ocupación.
Un proceso en el que se dio la razón al Consistorio de Benidorm en los tribunales, ya que las licencias municipales «estaban bien dadas», puesto que la edificación «cumplía los requisitos urbanísticos». Este procedimiento se resolvió en el mismo TSJ el pasado mes de mayo.
Caselles recalcó que no se ha puesto en duda la legalidad de estas licencias dadas por el Consistorio sino que es del pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2012, en el que no se incluyó en ningún momento que hubiera que demoler los edificios, de donde deriva el actual auto de ejecución de sentencia del TSJ y hace referencia a «la licencia concedida por la Conselleria» para la construcción de las dos torres en Punta Llisera.
