? La sentencia del TSJ sobre la obligación del Consell de demoler las torres de Punta Llisera de Benidorm e indemnizar a los más de 160 propietarios podría tener otra consecuencia urbanística. Y es que, tal y como explicó la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, si los dos edificios de 22 plantas se derribaran en el mismo solar que quedaría libre y retranqueando unos metros, se podría construir otra torre que alcanzara las 42 alturas en primera línea de la playa de Levante.