Una batalla menos. El Ayuntamiento de Benidorm zanjará dentro de unos días, de forma definitiva, uno de los grandes frentes que todavía mantenía abierto con el controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz. Así, la Junta de Portavoces acordó durante la mañana de ayer abonar a la mercantil Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe) -participada por el constructor- el coste de que, finalmente, se ha fijado para los terrenos rústicos que la Administración local expropió a la citada firma en la partida de El Moralet. Una compra forzosa que se inició hace un lustro y que fue judicializada por la enorme brecha entre las valoraciones realizadas por las partes. La Administración local quería pagar 73.000 euros por los 332.000 metros cuadrados, destinados a convertirse en zona verde como marca el Plan General. Mientras, Ortiz elevaba la cantidad a los 47 millones.
Finalmente, el Tribunal Supremo fijó hace unas semanas que el valor de este suelo rústico era de 5,9 millones de euros, ratificando así la tasación inicial del Jurado Provincial de Expropiación. Por ello, el gobierno de Benidorm ha decidido no dar más vueltas al asunto y afrontar cuanto antes este pago, como explicó ayer el portavoz del ejecutivo, el popular José Ramón González de Zárate.
Cabe destacar que tres años atrás, en 2014, se reservó una partida de seis millones de euros por si, finalmente, el Supremo ratificaba el precio puesto encima de la mesa por el Jurado de Expropiación. Por tanto, el gobierno puede asumir sin aprietos el desembolso de esta cantidad. Ahora, el problema reside en el pago de los intereses, que en este momento ya supera el millón de euros.
El hecho de que la Administración local no depositara, a modo de garantía, los 5,9 millones de euros en los que se valoró el terreno ante la caja provincial del Jurado de Expropiación fue generando una serie de intereses sobre la compra forzosa, como ya publicó este diario. Unos intereses que, según un informe elaborado este mismo mes, ascienden ya a algo más de un millón de euros. No hay que olvidar que se han llegado a pagar 700 euros al día procedentes de las arcas públicas en este sentido.
Una cantidad que el gobierno local también quiere abonar cuanto antes. «Hemos pedido informes a los técnicos para saber si los intereses se pueden abonar a la vez que el coste de la expropiación y si tenemos remanente suficiente para afrontarlo», explicó ayer a preguntas de este diario el portavoz del gobierno local. Asimismo, González de Zárate insistió en que «lo que no queremos es que se generen todavía más intereses».
El edil popular señaló tras la Junta de Portavoces celebrada ayer que «aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) todavía no haya pedido que ejecutemos la sentencia, el Ayuntamiento puede adelantar pagar ya esos 5,9 millones de euros». A este respecto, indicó que el abono de los intereses puede aplazarse hasta que el TSJ requiera ejecutar la sentencia pero desconocen si a costa de crear nuevos intereses. No obstante, si aplazar el abono de los intereses hasta la ejecución de sentencia no supone un mayor desembolso para las arcas municipales, el pago de éstos se realizaría con cargo al presupuesto de 2018, como señaló ayer el popular González de Zárate.
Las batallas pendientes
De esta forma, Benidorm zanja uno de los grandes frentes que mantenía con Ortiz. La brecha, en cambio, continúa abierta en otros asuntos de calado como la estación de autobuses de la ciudad turística, que sigue en manos del empresario pese a que una sentencia judicial obliga a rescatarla por los excesos en su construcción, o el plan urbanístico de Armanello, que sigue desprogramado después de que el Consistorio apartara al constructor del gran proyecto de vivendas que planeaba sobre la capital de la Costa Blanca.
