La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, solicitó ayer una reunión con la consellera de Vivienda, Mª José Salvador, a raíz de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que obliga al Gobierno autonómico a costear el derribo de las torres de Punta Llisera: «Gemelos 28».
Caselles explicó que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de este auto a través de los propios afectados, que han pedido reunirse con las autoridades locales para abordar los pormenores de la sentencia, que obliga al Consell a derribar ambas torres e indemnizar a los propietarios. Esta reunión tendrá lugar a finales de esta semana.
La titular de Urbanismo indicó que «al Ayuntamiento no se le ha notificado el contenido de esta sentencia, puesto que no éramos parte en el procedimiento. Por eso -ha añadido- estamos a la espera de que la Conselleria nos informe, en la reunión que hemos solicitado, de los pasos que van a dar desde el gobierno valenciano o las medidas que van a adoptar».
Caselles indicó que si bien el Ayuntamiento no era parte en este procedimiento, sí lo era en el que se seguía también en el TSJ en relación a la licencia de ocupación otorgada en junio de 2011. Este procedimiento se resolvió «hace tres meses con sentencia favorable a la actuación del Ayuntamiento».
Concretamente, el alto tribunal «desestimó el recurso planteado por un particular y ratificó que la licencia de ocupación estaba bien dada».
