El Ayuntamiento de Benidorm va a entregar los 5,9 millones de euros en los que el Tribunal Supremo ha ratificado el precio del suelo rústico de El Moralet que la administración local expropió al empresario alicantino Enrique Ortiz. Una dura batalla legal en la que el controvertido constructor llegó a solicitar hasta 54 millones por la venta forzosa de estos 332.894 metros cuadrados, destinados a convertirse en zona verde, frente a los 73.000 euros que el Consistorio estaba dispuesto a abonar.

Finalmente, hace unos días, el Tribunal Supremo determinó que el valor de estos terrenos era de 5,9 millones. Una cifra que ya puso encima de la mesa en su momento el Jurado Provincial de Expropiación pero que no convenció a ninguna de las partes. De ahí que el asunto terminará en la alta sala. El hecho de que Benidorm reservará el posible coste de la compra forzosa, pero no lo consignara ante el Jurado de Expropiación hizo que esta operación fuera generando una serie de intereses que ya superan el millón de euros, como ha especificado el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate esta mañana.

Por todo ello, en los próximos días el proceso de expropiación de 332.894 metros cuadrados en la partida de El Moralet, propiedad de Incobe -empresa participada por Ortiz- concluirá. Así lo ha acordado hoy la Junta de Portavoces, que también ha encargado a los técnicos municipales que informen sobre la conveniencia de abonar también de inmediato los intereses de esta expropiación, cuantificados en algo más de un millón de euros.

El portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, ha indicado que los 5,9 millones de euros “corresponden a la cuantía principal de la expropiación” y “están consignados en el presupuesto municipal”, por lo que su abono inmediato “no supone ningún desajuste económico” para las arcas del Ayuntamiento.

De Zárate ha explicado que “aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) todavía no ha pedido todavía que ejecutemos la sentencia, el Ayuntamiento puede adelantar pagar ya esos 5,9 millones de euros”. A este respecto, ha señalado que el abono de los intereses puede aplazarse hasta que el TSJ requiera ejecutar la sentencia.

No obstante, “todos los grupos queremos tener un informe para saber si con el pago inmediato de los intereses, que vienen desde el 18 de septiembre de 2012, evitamos que se generen nuevos”. De ser así, “también pagaríamos inmediatamente estos intereses”, antes de final de año.

Sin embargo, si aplazar el abono de los intereses hasta la ejecución de sentencia no supone un mayor desembolso para las arcas municipales, el pago de éstos se realizaría con cargo al presupuesto de 2018.

A la espera de estos informes, los técnicos “están estudiando los remanentes de Tesorería para obtener ese millón de euros”.

De Zárate ha recordado que el Ayuntamiento abonó en su día 73.000 euros a los propietarios, una cuantía que se corresponde con “la valoración que el anterior gobierno local de PSOE y Liberales dio a ese suelo”, y que “dista mucho de los 5,9 millones de euros fijados por el Jurado Provincial de Expropiación, y ratificados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) y por el Supremo”.