Son la otra cara del urbanismo más salvaje. Los titulares de viviendas en la urbanización «Gemelos 28» de Benidorm, dos torres de gran altura levantadas en Punta Llisera hace ya varias décadas a escasos metros del mar, se han visto inmersos en la peor de las incertidumbres tras la última sentencia de un alto tribunal sobre sus hogares. En esta ocasión se trata del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, quien ha obligado al Consell a hacerse cargo de la demolición de estos dos rascacielos al ser considerados ilegales de forma previa por el Tribunal Supremo en el año 2012.

El fallo de la alta sala valenciana viene a obligar al Consell a que asuma el coste del derribo, que incluye la devolución a cada vecino de la cantidad que pagaron por sus viviendas más un porcentaje en concepto de indemnización. Una cifra que puede superar los 60 millones de euros si se tiene en cuenta que cada inmueble de lujo costó algo más de 300.000 euros a sus titulares. A la vista de que el proceso avanza y que, hace ya cosa de un año, la propia Generalitat desembolsó una partida de cerca de 80.000 euros para planificar el proyecto de derribo, los vecinos han decidido dar un paso al frente y poner en manos de abogados la complicada situación a la que se enfrentan. Así lo confirmaron ayer varios inquilinos consultados por este diario que prefirieron no facilitar más datos sobre sus intenciones ya que, por ahora, todo estaría en fase inicial.

Mientras los vecinos intentan salvar los muebles con ayuda profesional, la tensión y la incertidumbre se ha adueñado de los inquilinos de «Gemelos 28», que cada día temen más por su futuro.

Primeras reacciones

Por su parte, el presidente del Consell, el socialista Ximo Puig, consideró ayer que la indemnización a los propietarios ordenada por los tribunales es una muestra más de la «ruina en diferido» y las «minas» que ha dejado el PP, y los servicios de la Abogacía de la Generalitat están viendo «posibles actuaciones para minimizar al máximo el coste que va a significar para las arcas de la Generalitat» cumplir con este fallo.