Ni uno ni otro. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los dos recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Benidorm y el empresario Enrique Ortiz contra el precio del suelo de la partida El Moralet.

Ambos recursos fueron presentados tras una sentencia de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en la que se daba por bueno el valor de los terrenos que el Jurado Provincial de Expropiación estableció y superaba los 5,9 millones de euros. En el fallo, al que tuvo acceso Efe, se indica que «no ha lugar a los recursos de casación» de ambas partes contra esa sentencia del TSJ.

El Consistorio y la empresa Incobe, dueña de los terrenos y de la que participa Ortiz, recurrió esa sentencia al considerarla injusta. El primero porque fijó el precio en poco más de 99.000 euros, al entender que era rural, y el segundo porque reclamaba 54 millones de euros, al pensar que era urbano o urbanizable, y los casi 6 millones finales se quedaban muy lejos.

El Ayuntamiento tiene la obligación de expropiar esos terrenos, con una superficie de 332.894 metros cuadrados. El pago de estos estaba hasta ahora enquistado a la espera del fallo del Supremo.

Finalmente, el alto tribunal ha atendido el razonamiento del TSJ, que consideró el suelo como no urbanizable cuando fijó su valor en 5,9 millones, y rechaza los cinco motivos esgrimidos por la empresa y los tres motivos en los que se fundamentaba el recurso municipal.

No cabe recurso

El fallo que ahora se ha dado a conocer, que tiene fecha del 2 de noviembre, no puede ser recurrido ante ninguna otra instancia, por lo que se han agotado las opciones para ambas partes.

Tras conocer la sentencia, la concejal de Hacienda, Lourdes Caselles, indicó a Efe que «habrá que exigir responsabilidades políticas a Gema Amor y su grupo político», que valoró el suelo en 73.000 euros «en contra del informe municipal y por no haber consignado en su día más de un millón de euros, que es lo que nos va a costar ahora en intereses, además de los 5,9 millones». Así indicó que ese dinero «deberá detraerse de las arcas municipales, en perjuicio de otras inversiones».