Un juzgado de Benidorm ha abierto diligencias contra el Ayuntamiento de la ciudad turística por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias durante varios procesos de contratación pública, tal y como han confirmado fuentes judiciales a este diario. Así, por un lado, el juez ha requerido los expedientes administrativos relativos a la adjudicación directa de dos obras menores, que fueron a parar a dos mercantiles distintas pero administradas por la misma persona. Unos hechos que podrían llegar a constituir un fraccionamiento irregular de contratos, como se apuntó el pasado mes de marzo a la Fiscalía desde el Observatorio Contra la Corrupción (OCC). Tras este paso, fue el Ministerio Público quien denunció el pasado mes de junio en el juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm las supuestas irregularidades observadas en determinados procedimientos y, de ahí, que el juez haya requerido una serie de documentación ante la administración municipal, como confirmaron ayer fuentes del gobierno local a este periódico.
Cabe recordar que el OCC denunció ante la Fiscalía la adjudicación de dos obras menores a dos empresas distintas que, sin embargo, eran administradas por la misma persona. Algo que, de manera previa, había hecho público el grupo municipal socialista en una rueda de prensa en la que, además, se detalló que una de las mercantiles que fue seleccionada para realizar estos trabajos tenía, al inicio del concurso, como objeto social la cría de caracoles pese a que después amplió sus actividades albergando también este tipo de trabajos.
El valor de las obras asignadas a través de estos contratos, que ahora están siendo investigados, eran inferiores a 60.000 euros. No hay que olvidar que la legislación obliga a convocar un concurso público para adjudicar obras por un importe superior al citado. El hecho de que ambas actuaciones fueran realizadas por dos empresas administradas por la misma persona fue el detonante de esta denuncia, ya que desde el OCC apuntaron un posible fraccionamiento de contratos. Unos hechos que podrían constituir un delito de prevaricación.
Fuentes del gobierno local insistieron ayer en que las obras adjudicadas a través de sendos contratos no estaban relacionadas entre ellas. «Una trataba mejoras en accesibilidad y otra se centraba en la reparación de aceras», recordaron desde el ejecutivo municipal a la vez que apuntaron que «ni siquiera se desarrollaron en la misma zona de la ciudad». Además, hicieron hincapié en que no fue una decisión política, sino de los técnicos, quienes habrían adjuntado una serie de informes junto a la información requerida por el juzgado explicando los detalles de cada actuación para disipar cualquier tipo de sospecha.
Por otra parte, el juzgado también ha requerido la documentación relativa a las compras hechas por el Ayuntamiento de Benidorm en el supermercado de una concejal del PP, el partido que gobierna el municipio, por un valor cercano a los 10.000 euros. Unos hechos sobre los que la Fiscalía ve un posible delito de tráfico de influencias.
En concreto, el Consistorio adquirió distintos lotes de alimentos para entregar a las familias con escasos recursos que son usuarias de Bienestar Social. El grupo socialista destapó en su día que el Consistorio había adjudicado, vía contrato menor, un gasto de 9.980,35 euros en un supermercado que pertenece a la concejal de Empleo y Consumo, la popular María Jesús Pinto. Entonces el PP defendió su legalidad afirmando que se solicitaron varios presupuestos y se adjudicó el contrato a las dos empresas que habían ofertado los precios más a la baja, una de ellas, el «súper» de Pinto. Una defensa que volvieron a esgrimir ayer fuentes del gobierno municipal.
Ningún investigado
Cabe destacar que a pesar de que la investigación abierta desde un juzgado de Benidorm sobre estos procesos de contratación, de momento, no se ha citado a nadie -técnico o cargo político- a declarar en calidad de investigado, como recalcaron fuentes judiciales. Algo que también reseñaron desde el ejecutivo municipal a la vez que defendieron que se trata de «cuestiones administrativas, no penales».
