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Rechaza su último recurso

Benidorm aparta 3 años al funcionario que denunció el programa de penados

El Ayuntamiento abrió expediente disciplinario contra el criminólogo municipal por infracciones graves y usurpación de atribuciones tras acusar a varios empleados públicos de actos delictivos durante los servicios

Benidorm aparta 3 años al funcionario que denunció el programa de penados

Última oportunidad, agotada. El Ayuntamiento de Benidorm ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por el funcionario que denunció irregularidades en el programa de penados con el que pretendía frenar la sanción impuesta desde la administración local a través de la cual quedaba apartado durante tres años de su puesto de trabajo. Una decisión que, ahora, el Consistorio ha ratificado, según un decreto firmado la pasada semana por el primer edil popular Toni Pérez, al que ha tenido acceso este diario.

Hay que recordar que, hace algo menos de dos años, salió a la luz pública la denuncia realizada por el criminólogo municipal, Justo López, por los supuestos actos delictivos de algunos funcionarios durante sus servicios en el programa de penados. López, entonces, era el encargado de coordinar los servicios del programa de penados cuando remitió al alcalde de Benidorm un escrito en el que desvelaba una serie de hechos que, a su juicio, podían derivar en responsabilidades penales y civiles para los propios penados, así como para los funcionarios que supervisaban los trabajos. El trabajador relataba en su escrito supuestos casos de tráfico de drogas, acoso sexual y cohecho, que se habrían producido entre los años 2013, 2014 y la primera mitad de 2015.

Tras la denuncia, el criminólogo dejó de coordinar los servicios, que quedaron a su vez suspendidos por el Ministerio del Interior a la espera de que se esclarecieran los hechos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento inició una investigación interna que se zanjó con la apertura de tres expediente disciplinarios. Uno de ellos iba dirigido al propio López, quien era el responsable de los servicios, por «las posibles irregularidades cometidas por el funcionario municipal respecto a los delitos usurpación de funciones o usurpación de atribuciones».

Con base en ese expediente disciplinario, el Ayuntamiento de Benidorm debía tomar una decisión al respecto, a modo de sanción. Así, se concretó suspender de empleo y sueldo durante tres años al criminólogo. Como cabía esperar, López presentó un recurso contra el castigo impuesto que no ha sido aceptado por el instructor del expediente. Así, en el decreto al que ha tenido acceso este periódico se ensalza, además, que «se ha propuesto la sanción en su grado más mínimo, correspondiente a la comisión de una infracción muy grave» a la vez que indica que otras sanciones, como el cambio de destino, son «inaplicables» al tratarse de un ente local.

En lo relativo a las alegaciones presentadas por el funcionario afectado se expone que la gran mayoría de ellas ya fueron «informadas y resueltas». Tan sólo se ahonda en dos de ellas que hacen referencia a la competencia del alcalde para resolver los expedientes sancionadores, así como a la situación de desigualdad y agravio de Justo López respecto al trato dado en el expediente disciplinario frente a otros expedientes incoados al aplicar una sanción de esta índole.

En el primer caso, el instructor del expediente recalca que entre las atribuciones del primer edil está la de «premiar o sancionar a todo el personal de la Corporación. En lo relativo a la desigualdad y agravio que pone de manifiesto el recurso, el instructor zanja el tema al señalar que «en ningún caso anterior se contempla la misma infracción disciplinaria».

Además, entre las consideraciones para desestimar el recurso del criminólogo contra la sanción impuesta se expone que «consta un informe de la coordinadora de Bienestar Social, del pasado 26 de septiembre de 2017, en el que se hace constar que la incorporación o no del funcionario (Justo López) no perjudicará la continuidad del servicio». No obstante, el criminólogo todavía puede acudir a la vía contenciosa administrativa para intentar frenar la sanción ahora que ya ha agotado la vía municipal.

El alcalde de Benidorm, por su parte, se limitó a mostrar su «máximo respeto» por la decisión tomada por el instructor de este expediente, que, como recordó, es un asesor jurídico.

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