El conflicto por la instalación de un nuevo rastro en Benidorm ha vuelto a la palestra. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha desestimado un recurso de la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico) contra la autorización otorgada por la Conselleria de Comercio a una mercantil para instalar un mercadillo en la avenida Comunidad Europea.

La entidad presentó dicho recurso al considerar que la autorización preceptiva dada por el Consell se había hecho sin considerar las características que el comercio tiene en la ciudad. Aico había mostrado desde que se anunció la apertura de este mercadillo un férreo rechazo a este negocio, lo que le llevó a acudir a los tribunales para intentar frenar su instalación.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, el juez rechaza sus argumentos al considerar que esa autorización es «confome a derecho» y cumple con la legalidad.

Este permiso expedido por Comercio era necesario para poder iniciar el proceso para conseguir la licencia municipal para abrir el mercadillo. El Consell pidió en aquel momento al Ayuntamiento de Benidorm que le mandara un informe sobre la parcela donde iba a ubicarse este rastro para considerar si cumplía todas las condiciones necesarias. Tras comprobarlo se concedió la autorización.

Desde Aico, explicaron ayer a este diario que presentaron este recurso «siendo conscientes de que no iba a prosperar» pero «por la necesidad de impugnar» esa apertura. Además, apuntaron que esta sentencia no afecta para nada al proceso judicial que sigue abierto contra la instalación de este nuevo mercadillo y que se resolverá en los tribunales en próximas fechas. «La sentencia no afecta a todo el proceso principal que es en el que esperamos tener un resultado favorable», indicaron.

Proceso judicial

Para la asociación de comerciantes la conclusión del tribunal es un «trámite» y ponen el ojo en el proceso judicial que sigue abierto consecuencia de un expediente de lesividad que abrió el Ayuntamiento contra sus propias decisiones en cuanto a las licencias del nuevo rastro.

En el juicio se deberá dirimir si la licencia ambiental, así como la de obras, que el Consistorio dio en 2015, ya bajo el actual gobierno del PP, a la mercantil Outlet Market, promotora del rastro, pueden ser o no lesivas para los intereses de la ciudad. De ser así, los tribunales podrían revocar estas autorizaciones, que contaban con los informes técnicos favorables, y en las que ahora se basa la apertura de este nuevo rastro.

Y mientras ese día llega, los propietarios del mercadillo, que ayer acudieron al Ayuntamiento para presenciar la comparecencia de dos concejales de la oposición sobre este tema, siguen realizando obras y pidiendo permisos para poder abrir la instalación que lleva tres años de espera. Habrá que esperar al juicio para saber si podrán abrir sus puertas.