El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm ha encargado una serie de informes al departamento jurídico para determinar, de una vez por todas, si el Consistorio debe compensar a los propietarios del suelo en el parque natural de Serra Gelada. Así lo confirmó ayer a este diario la edil de Urbanismo, la popular Lourdes Caselles, quien indicó que está a la espera de estos documentos para tomar alguna decisión al respecto.
Como se recordará, en el año 2001 el Consistorio benidormense suspendió las licencias para construir en este paraje dejando a los titulares de parte del terreno -entre los que se encuentra la empresa Edificaciones Calpe, de Andrés Ballester, así como mercantiles vinculadas a la familia Puchades- sin capacidad para rentabilizar estos valiosos terrenos ubicados en un enclave idílico entre el mar y la montaña. De esta forma, se facilitaba la ejecución de un parque natural en la zona. Un objetivo que quedo materializado unos años más tardes.
Convenios prorrogados
Pero al Ayuntamiento la ejecución de este parque natural, que depende del Consell, no le salió gratis. De hecho, a cambio de suspender las licencias para construir en este terreno acordó con los propietarios la entrega de otras parcelas urbanísticos de la ciudad donde sí pudieran edificar. Así se establece en un convenio que rubricaron ambas partes en 2003.
Tres lustros después este acuerdo no ha llegado a ejecutarse. El convenio marcaba que el Consistorio tenía un plazo de cinco años para hacer entrega de los terrenos a modo de compensación desde el momento en el que se firmó el mismo. Pero en 2010 el gobierno socialista de Agustín Navarro acordó una prórroga de tres años para cumplir con su parte del trato. Un aplazamiento que volvió a repetir en 2013, a la vista de que el acuerdo seguía sin materializarse y ante las quejas de los afectados.
En junio de 2016 el acuerdo volvió a vencer pero esta vez el gobierno popular de Toni Pérez no renovó el acuerdo, lo que por otra parte abrió la puerta a los titulares de suelo a exigir indemnizaciones. De ahí que, en estos momentos, se esté estudiando la validez del acuerdo pactado en 2001, firmado en 2003 y prorrogado en varias ocasiones durante la última década.
«Estoy a la espera de un informa jurídico para saber qué solución ven a esta cuestión para ver si deberíamos compensarles, si hay que renovar el acuerdo o qué hay que hacer», señaló ayer Caselles a preguntas de este diario a la vez que no descartó la posibilidad de que estos convenios carezcan de validez.
Cabe recordar que el portavoz de Compromís Los Verdes en Benidorm, Josep Bigorra, presentó hace menos de un mes una reclamación ante el Consell de Transparencia de la Comunidad ante la falta de respuesta por parte del gobierno local sobre determinadas preguntas ligadas a asuntos como el sector urbanístico APR-7, que hace referencia a los terrenos donde en la actualidad se encuentra el parque natural de Serra Gelada y sobre las medidas tomadas por el gobierno local para cumplir o no los citados acuerdos.
