Un total de 21 trabajadores de la antigua empresa concesionaria del servicio de zona azul y grúa de Benidorm, Park Control 2000 S.L., han presentado otras tantas demandas en contra del Ayuntamiento de la ciudad para reclamar el pago de 90.446,76 euros, más el 10% de intereses de demora y costas. Así figura reflejado en un informe elaborado por el jefe de Contratación del Consistorio, así como en una propuesta elaborada por la edil del área para que la junta de gobierno local apruebe la contratación de un abogado que defienda los intereses municipales en la causa.
El pasado 19 de julio, el Ayuntamiento recibió una citación para acudir a la vista que se celebrará en octubre por la demanda interpuesta por uno de los trabajadores de la mercantil. Sucede que han sido 21 empleados los que interpusieron las demandas y que el juzgado decidió desacumularlas, por lo que han sido presentadas a nivel individual. Las demandas de los trabajadores obedecen a impagos de la empresa con la que tenían relación contractual -es decir, Park Control- la cual ha sido declarada insolvente. Ello ha motivado que los demandantes apunten al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
En el informe del jefe de Contratación se propone contratar los servicios de un abogado que ya tiene experiencia en procedimientos relacionados con Park Control 2000, el cual cobraría unos honorarios de 5.000 euros, más IVA, por la defensa municipal en las 21 causas.
A la vista de dicho informe, la concejal de Contratación, Lourdes Caselles, ha formulado una propuesta para que la Junta de Gobierno Local apruebe dicha adjudicación de contrato. Este asunto será abordado también en las comisiones informativas del próximo lunes.
Una herencia envenenada
Las 21 demandas a las que se enfrenta ahora el Consistorio son parte de la herencia envenenada que dejó Park Control tras la restitución del contrato para gestionar la grúa y la zona azul en el año 2015. Cuando se la apartó del servicio, además de con sus trabajadores, la mercantil había acumulado una deuda millonaria con Hacienda y la Seguridad Social y numerosos informes técnicos daban testimonio de que había desatendido todas las obligaciones que recogía el pliego.
