El Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm condenó ayer a dos exalcaldes de Finestrat, Miguel Llorca (PSOE) y Honorato Algado (PP), ambos retirados de la política activa, y al concejal popular Tomás Gaspar Sellés al pago de una multa de 18 meses a razón de 10 euros al día por dos delitos de homicidio por imprudencia menos grave. O, dicho de otra manera, alrededor de 5.400 euros. Con esta sentencia se da por cerrada la búsqueda de responsables políticos de la riada ocurrida en el antiguo mercadillo de La Cala de Finestrat en octubre de 2011, en la que falleció un matrimonio británico que pasaba sus vacaciones en Benidorm y varias personas resultaron heridas.
Esta condena es fruto del acuerdo alcanzado ayer entre las defensas de los tres acusados y la Fiscalía, que inicialmente pedía cuatro años de prisión para cada uno de ellos por dos delitos de homicidio por imprudencia grave, además de delitos de lesiones y daños. La conformidad de los imputados y, con ella, la rebaja en el grado de calificación del delito de imprudencia grave a menos grave por parte de la fiscal, llevó al Ministerio público a reducir su petición a sendas multas de alrededor de 5.400 euros y a dejar sin efecto la responsabilidad reclamada por daños y por lesiones.
Además de los tres condenados, el juez del Penal 1 también condenó al Ayuntamiento de Finestrat y a la compañía aseguradora Liberty Seguros a abonar las indemnizaciones que aún quedan pendientes a los afectados, como responsables civiles subsidiarios. Aunque, de entrada, fuentes judiciales ya avanzaron que tan sólo quedaría por pagar una cantidad no superior a los 1.000 euros, debido a que la mayoría de reclamaciones ya fueron satisfechas en su día por el Ayuntamiento, para evitar una oleada de demandas judiciales por parte de las víctimas y los vendedores ambulantes que lo perdieron todo en la riada.
Los hechos
Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2011, cuando una tromba de agua repentina provocó la crecida del barranco de La Cala y una riada que se llevó por delante todo lo que encontró a su paso, incluido el mercadillo de los viernes que hasta entonces se montaba sobre una rambla inundable. La inundación segó la vida de Kenneth y Mary Hall, un matrimonio británico de 70 y 72 años de edad, y dejó a varias personas heridas.
La instalación de dicho mercadillo sobre el cauce de un barranco fue autorizado en el año 1984, siendo alcalde de la localidad el socialista Miguel Llorca. Lo hizo, según recogió la fiscal en su escrito de calificaciones, «sin la preceptiva autorización administrativa» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ese mercadillo fue explotado por una empresa con una concesión administrativa hasta que pasó a ser gestionado directamente por el consistorio en 2009, cuando ya era alcalde el popular Honorato Algado, que gobernó hasta 2015. De ahí que ambos formaran parte del proceso como acusados. Por último, Tomás Gaspar Sellés era concejal de Seguridad Ciudadana cuando se produjo la tragedia, aunque posteriormente fue relevado del cargo y ahora es edil de Medio Ambiente y Servicios Técnicos.
La CHJ inició un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento en 2009 por unos trabajos de urbanización, que acabó en una multa y con la obligación del gobierno local de restituir el barranco a su estado original. No se hizo. Y siguió todo igual hasta la tromba de agua y la riada de octubre de 2011.
Entre los motivos alegados por la Fiscalía para cerrar un acuerdo con las partes está el hecho de que era la única acusación que quedaba en la causa, dado que la acusación particular, que en su día ejercieron los herederos del matrimonio fallecido y uno de los heridos, ya se habían retirado al haber cobrado las indemnizaciones que reclamaban.
Ninguno de los tres condenados quiso ayer valorar la sentencia a su salida del juzgado.
