Hubo un tiempo en que venir a Benidorm de vacaciones suponía para muchos turistas británicos la oportunidad de ponerse malo. Al menos, de forma simulada. La técnica, alentada por muchos bufetes «buitres» de abogados, era sencilla: tras una semana de vacaciones en un hotel a todo trapo, los viajeros interponían una reclamación contra el touroperador que les trajo a su destino soñado, alegando haber padecido una indigestión que había arruinado su estancia. El mayorista, para evitar problemas, aceptaría la reclamación y la descontaría de sus pagos al hotel, sin hacer ninguna otra comprobación. Todo eso, hasta el día en el que los hoteles dijeron «BASTA».
La presión ejercida por muchas empresas turísticas y agrupaciones hoteleras de los principales destinos costeros del país, con Hosbec a la cabeza, ha permitido reducir drásticamente el número de reclamaciones por falsas indigestiones que venían sucediéndose desde principios del pasado 2016 y que pusieron en alerta a todo el sector, ante la posibilidad de acabar teniendo pérdidas millonarias -se calculan alrededor de 60 millones en todo el territorio nacional- por culpa de algo que, como han demostrado varias sentencias en los tribunales británicos, no era más que un timo. Así se refleja en los datos aportados por la patronal hotelera de Benidorm y la Comunidad Valenciana a este diario, según los cuales, los establecimientos turísticos de la ciudad habrían pasado de recibir casi 2.000 reclamaciones en un año, a una media de unas 6.000 libras de coste cada una de ellas, a no más de 200, una cifra que, según apuntan desde esta agrupación empresarial, entraría en los parámetros de la «normalidad».
Los principales motivos de esta caída en picado en el número de reclamaciones habría que buscarlos en el cambio de actitud registrado tanto desde las principales empresas de touroperación como en el propio Gobierno inglés. Cuando comenzó toda la problemática, grandes operadores, como Thomas Cook, Thomson o Jet2, «preferían mirar hacia otro lado y dar por buenas todas las denuncias que les llegaban», recuerdan desde la patronal. Y lo mismo para el Ejecutivo de Theresa May. Con ambos han estado batallando los empresarios del sector, a los que se han unido otros aliados, como la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA) y el Gobierno español, quien por medio de la Oficina de Turismo en Londres «se ha reunido con autoridades británicas y se ha implicado como el que más en la defensa del sector hotelero español», traslada la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.
Reacciones en cadena
A partir de ahí, sólo hizo falta esperar una reacción. La primera de ellas, cuando la primera ministra británica anunció reformas legales para endurecer las penas contra quienes interpusieran reclamaciones falsas, a quienes la propia May acusó de perjudicar la imagen de sus compatriotas en el extranjero y provocar un encarecimiento de los viajes desde Reino Unido a las cosas españolas.
La segunda reacción llegó de mano de los touroperadores, ejerciendo más control sobre los clientes, entre los que se incluían investigaciones en sus perfiles de redes sociales para averiguar qué hicieron durante sus vacaciones.
Esta misma semana, se ha conocido que un organismo dependiente del Ministerio de Justicia británico ha retirado la licencia a una empresa que animaba a sus clientes a reclamar por falsas intoxicaciones alimentarias. Igualmente, el mayorista Thomas Cook ha dado a conocer que en los últimos meses ha frenado 3.000 reclamaciones falsas, entre otras cosas, escribiendo a los despachos de abogados para advertirles del presunto fraude que iban a cometer.
