El retraso en el pago del seguro de los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm y la situación de incertidumbre a la que este hecho ha abocado a los familiares de tres funcionarios fallecidos a lo largo de este 2017 fue ayer motivo de una ardua disputa municipal entre gobierno y oposición.

El portavoz del PP, José Ramón González de Zárate, responsabilizó a la propia compañía aseguradora de dicho retraso, afirmando que la empresa no giró el recibo al Consistorio hasta finales del pasado mes de junio, un mes antes de que se llevase a cabo el pago. Entonces, "si no teníamos recibo, no se podía autorizar de ninguna de las maneras un abono", aclaró el concejal, quien dijo que, a falta de poder obtener toda la información por parte de la aseguradora, "el Ayuntamiento entiende que está todo absolutamente correcto y que la empresa se va a hacer cargo de pagar a las familias de estos tres funcionarios".

Como ya contó ayer este diario, la póliza contraída por el Ayuntamiento para asegurar por muerte o invalidez a los trabajadores públicos vencía el 31 de diciembre de 2016, fecha a partir de la cual se debería haber abonado el recibo correspondiente a 2017, que sin embargo no fue abonado hasta finales del pasado julio. La posibilidad de que no hubiera sido así saltó ayer a la palestra, después de que el familiar de uno de los empleados, que falleció en enero, llevara desde aquella fecha reclamando el cobro de los 20.000 euros que legalmente le correspondían por el acuerdo laboral que rige a los funcionarios en Benidorm.

Tras meses sin recibir explicaciones, el pasado martes acudió directamente a una oficina de la empresa aseguradora, Generalli, y allí le indicaron que la póliza no se encontraba en vigor en el momento del deceso, según explicó el delegado sindical de Comisiones Obreras en el Consistorio, José María Sola, quien alertó de que, ante esta situación, los familiares de los tres finados podrían quedarse sin percibir la indemnización correspondiente.

El portavoz del gobierno local, González de Zárate, matizó ayer que "si en algún momento se hubiera producido algún fallo, habría sido por parte de la correduría o de la empresa aseguradora, nunca del Ayuntamiento" e insistió en que "no se va a dejar tirado a ningún familiar ni ningún trabajador municipal, faltaría más".

Críticas de la oposición

Por su parte, los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Compromís-Los Verdes, Rubén Martínez y Josep Bigorra, han exigido esta mañana al gobierno del PP que aclare todas las dudas que han surgido tras publicarse una información en la que se cuestiona la vigencia de la póliza de seguros que cubre el fallecimiento o invalidez de los funcionarios.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha señalado que es "intolerable" e "insultante" que el gobierno haya permito que durante ocho meses las familias hayan vivido con todas estas dudas. "No nos podemos permitir que estas familias además de pasar por la tragedia de una muerte tengan que convivir con esta desinformación". De igual forma, Martínez ha indicado que el gobierno popular debería pedir disculpas a las familias afectadas.

Por su parte, Josep Bigorra, ha explicado que "en la comisión de régimen interior, el gobierno local no ha sabido responder cuando le hemos preguntado por la cobertura de la póliza, es decir, si estaba y si está en vigor, ni por qué estas familias llevan un retraso considerable para cobrarla".

Por último, ambos han reiterado la petición de que se abone a estas familias las cantidades correspondientes por la póliza de decesos e invalidez, ya sea la agencia de seguros o el Ayuntamiento, pero que, en cualquier caso y especialmente si tiene que abonar las cantidades el consistorio, "exigimos la petición de responsabilidades por esta vergonzosa situación".