Dos policías dan el alto a un «cubero» que se dispone a entrar en la arena para hacer negocio con los turistas. El vendedor ambulante opone resistencia. A él se unen otros miembros de su mismo clan. Los agentes piden refuerzos, pero acaban viéndose rodeados por más de una veintena de personas que no dudan, incluso, en golpearles para defender su tarta. La trifulca acaba con cinco efectivos policiales heridos y dos de sus atacantes detenidos. A ellos se sumará días después un tercero. Un juez ha dictado para los tres su ingreso en prisión provisional por supuestos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Aunque esta decisión es tan sólo un oasis en el desierto de impunidad en el que los clanes de los mojitos, la sangría y otro tipo de bebidas que se venden en la playa ejerce su actividad en la costa.
Los números
La Policía Local de Benidorm ha interpuesto en lo que va de verano casi 1.400 sanciones contra la venta ambulante en los paseos marítimos y sobre la arena. Así se refleja en la estadística policial a la que ayer tuvo acceso a este diario y que recoge los datos en el tramo que va del 1 de junio al 15 de agosto. Es decir, dos meses y medio de actividad; 76 días naturales. El balance arroja una media llamativa de por sí: 18 denuncias al día, con la consiguiente apertura en cada caso de un acta de infracción administrativa y la intervención de la mercancía dispuesta para su venta, entre otros.
Más allá de los números generales, está el dato económico. Las ordenanzas municipales de Benidorm prohíben la venta ambulante en toda la ciudad y establecen sanciones de 1.200 euros para quien ejerza esta actividad en el casco urbano. En la playa, la cuantía de la multa se reduce a 300 euros. De modo que, tirando por lo bajo, el Ayuntamiento podría embolsarse por las infracciones denunciadas en lo que llevamos de temporada alta un importe que supera los 400.000 euros. En concreto, 410.100 euros, partiendo del supuesto de que todas las denuncias se hubieran interpuesto por ejercer esta actividad de manera irregular sobre la arena (300 euros) y no en el paseo, donde multiplicaría por cuatro su cuantía. Sin embargo, ese dinero no se cobra nunca.
La eterna traba legal
Como ocurre con el conocido como «juego de la patata» o quienes organizan las excursiones de los conocidos como «manteros», la falta de una legislación que permita sancionar esta actividad más allá del campo administrativo hace que los «cuberos», «mojiteros» o como quiera que se les llame se acaben yendo de rositas prácticamente todas las veces que se les denuncia. Así lo explican a este diario fuentes de la Policía Local, que indican que las denuncias que se interponen contra quienes venden bebidas de manera ambulante sobre la arena pocas veces, ninguna, se hacen efectivas.
Y ello a pesar de que, en ocasiones, la propia actividad podría incluso atentar contra la salud pública, debido a las condiciones de insalubridad en las que muchas veces se preparan los cócteles.
El motivo no es otro que la propia situación de estos «trabajadores». No tienen nómina ni ingresos reconocidos, más allá de los que obtienen en «b» por esta actividad irregular. De modo que, cuando se les requiere por la vía ejecutiva el abono de las multas, alegan estar en situación de insolvencia para eludir el pago. Tampoco se les puede embargar sueldo ni ninguna propiedad, puesto que nunca tienen nada a su nombre. Así que pueden continuar libremente vendiendo bebidas y siendo denunciados una y otra vez sin que nunca les pase nada, según recalcaron las mismas fuentes.
Más presencia, menos multas
La venta ambulante de bebidas en la playa se circunscribe a la temporada alta, con clanes familiares que vienen incluso desde otras provincias de España en Semana Santa para hacer la temporada y regresan a sus lugares de origen cuando llega el otoño. Sin embargo, tras la trifulca del pasado viernes, el incremento de la presión policial ha llevado a muchos de ellos a tener que borrarse a la fuerza de la playa por unos días, a la espera de que se rebaje la tensión.
La estadística policial indica que el mes del verano en el que más denuncias se interpusieron contra esta actividad fue junio, con un total de 717 sanciones. En julio se redujeron a 453 y en los primeros quince días de agosto se computan ya 197. Fuentes municipales atribuyeron el descenso de sanciones conforme ha avanzado la temporada estival al refuerzo de agentes policiales en la playa para controlar esta actividad, lo que hace que los «cuberos» no se sientan cada vez más «incómodos» y tengan más complicado escabullirse entre los bañistas con su mercancía.
El área de Seguridad Ciudadana pretende mantener el refuerzo para lo que resta de verano, siempre que haya disponibilidad de agentes.
