Los hoteleros de Benidorm están dispuestos a pasar a la acción para combatir la estafa de los turistas británicos que ha provocado pérdidas millonarias a los alojamientos durante las últimos meses. Después de articular una serie de medidas con el fin de limitar el campo de acción de los abogados piratas, que están detrás de estas reclamaciones falsas procedentes del mercado de Reino Unido -que se fundamentan en supuestas intoxicaciones alimentarias contraídas en el hotel donde se han alojado-, ahora los empresarios del sector están preparados para dar un paso más allá y acudir ante la Fiscalía para denunciar aquellos casos donde puedan probar con creces la falsedad de la queja para atacarla por la vía penal con castigos de cárcel de entre 6 meses a 3 años, como indica el artículo 248 del Código Penal. Así lo adelantaron ayer fuentes de la patronal hotelera Hosbec a este diario, tras mantener una reunión con la fiscal jefe de la ciudad para avisar de sus intenciones.
El problema de las reclamaciones falsas viene de atrás pero sufrió un fuerte repunte el pasado verano cuando los alojamientos de los puntos turísticos de España recibieron una oleada de reclamaciones tramitadas por sus clientes británicos, a través de los touroperadores, en las que alegaban haber sufrido una indigestión alimentaria durante su estancia. La estafa golpeó de pleno a los establecimientos que ofrecen la modalidad del todo incluido y, entre ellos, se encontraban los hoteles de Benidorm. De hecho, la patronal hotelera Hosbec llegó a cifrar en 60 millones de euros el conjunto de pérdidas sufridas por los hoteles de todo el país. Los alojamientos de Benidorm habrían llegado a acaparar 10 millones del quebranto económico total, según las estimaciones realizadas por la asociación empresarial. El dato no es baladí.
De ahí que durante los últimos meses, los hoteleros hayan centrado sus esfuerzos en poner coto a estas prácticas fraudulentas promovidas por los abogados piratas británicos que han visto en el sistema de reclamaciones de Reino Unido una forma de hacer negocio. Así, mientras el cliente logra reembolsar el coste de su estancia, que puede rondar los 500 euros, el letrado puede llegar a percibir hasta 10 veces más por los servicios de asistencia jurídica.
Medidas previas
Así las cosas, los hoteleros comenzaron a tomar una serie de medidas para armarse contra la estafa. Reducir el cupo de plazas que los establecimientos reservan a los turoperadores o advertir al gobierno británico de la gravedad del problema han sido algunos de los pasos dados por los empresarios del sector. Pero, además, los hoteles golpeados por la estafa implementaron una serie de mejoras en sus sistemas de trazabilidad para elevar el control sobre las bebidas y comidas que consumen los clientes durante su estancia. Así, en caso de alegar una intoxicación alimentaria durante su paso por el hotel, se puede comprobar si realmente estuvo enfermo o si, por contra, continuó consumiendo con normalidad.
«Hay casos que no dejan lugar a dudas. Tenemos un cliente que dice haber sufrido una indigestión pero durante sus vacaciones registró más de 80 consumiciones de bebidas alcohólicas», apuntaron ayer desde la patronal. Serán este tipo de casos los que los hoteleros puedan llevar ante la Fiscalía para que se puedan iniciar las acciones judiciales necesarias.
Objetivo
Con esta nueva vía los empresarios hoteleros quieren asegurarse que el delito de estafa no quedará impune. No hay que olvidar que la justicia británica ya ha afrontado varios casos de reclamaciones falsas pero todos ellos deben ser denunciados previamente por el touroperador. «No queremos dejar en manos del mayorista la decisión de llevar o no la queja fraudulenta ante los tribunales», explicaron ayer desde Hosbec a la vez que indicaron que el objetivo es que el propio hotel, que es el «auténtico damnificado», tenga vía libre para denunciar si puede probar la falsedad de la reclamación.
Última oportunidad
No obstante, los hoteleros están dispuestos a dar una «última oportunidad» a los estafadores. Para ello, cuando tengan toda la documentación lista para presentarla ante Fiscalía será trasladada, de forma previa, al touroperador así como al representante legal del cliente que reclama para que retire la queja. De no hacerlo, el alojamiento acudirá al órgano judicial para que investigue el caso en cuestión.
Los protagonistas de la reclamación podrán ser llamados a declarar por la justicia española y, de no acudir a la citación, podrían incluso ser incluidos dentro del sistema policial de búsqueda, por lo que si vuelven a cruzar la frontera española serán automáticamente retenidos para cumplir con sus obligaciones con la justicia.
