El secretario municipal de Benidorm rompió su silencio durante el pleno de ayer para dar un fuerte tirón de orejas al gobierno actual -PP y Ciudadanos por Benidorm (CBM)- así como a ejecutivos anteriores -capitaneados por el PSOE- por la gestión realizada hasta ahora para apartar al empresario Enrique Ortiz de la estación de autobuses de la ciudad, como obligan varios fallos judiciales. Una gestión que, por otra parte, no solo no ha dado sus frutos sino que, además, ha recrudecido, todavía más, el problema inicial. Prueba de ello es la misiva que hace unos días mandó el constructor al Consistorio avisando de que ya no estaba dispuesto a pactar su salida de la terminal. Ortiz anunció batalla y, de hecho, ahora exige una indemnización millonaria por irse del complejo. Un cúmulo de circunstancias que llevaron al funcionario que se encarga de hacer cumplir la legalidad en el Ayuntamiento a intervenir en la sesión ordinaria celebrada la mañana de ayer para reprobar las acciones de políticos y técnicos por esta situación.
Para entender el enfado del secretario municipal de Benidorm hay que remontarse casi quince años atrás. Fue entonces cuando el gobierno popular de Vicente Pérez Devesa autorizó un incremento de 9.500 metros cuadrados sobre la superficie comercial proyectada en el complejo, que era de 500 metros cuadraros. Ante esto, una de las empresas que compitió contra Ortiz por la estación de autobuses acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
Antecedentes
La alta sala anuló en 2007 el aumento de obra otorgado al considerar que era de tal magnitud que se debería haber licitado a través de otro proceso público y, a modo de sanción, anulaba la adjudicación Así comenzó la rocambolesca historia de la estación de autobuses, que diez años después sigue sin resolverse.
En 2012, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la sentencia emitida por y al gobierno socialista de aquel momento no le quedó más remedio que buscar una vía para anular la concesión a Ortiz y regularizar la situación sin que supusiera un descalabro económico para las arcas locales. Tanto informes internos como externos coincidieron en que la alternativa adecuada era hallar una solución de mutuo acuerdo.
De esta forma, se constituyó una comisión paritaria en la que estaban representados técnicos y políticos del Ayuntamiento de Benidorm así como el empresario alicantino. Finalmente, se decidió que sería la nueva mercantil que entrara a gestionar la estación de autobuses la que asumiría el pago de la indemnización a Ortiz. El Ayuntamiento quedaba libre de cargas económicas y podía cumplir la sentencia. El problema llegó a la hora de valorar el precio de la infraestructura construida por el empresario. Un paso necesario para poder licitarla de nuevo que, sin embargo, todavía no se ha completado debido a los diferentes resultados que se han puesto encima de la mesa según a quién se encargue la tarea.
Debate en pleno
De ahí que a estas alturas el conflicto de la estación de autobuses siga encima de la mesa. Un problema que se ha complicado aún más por la ruptura de las negociaciones anunciada por Ortiz y que ayer se convirtió en un punto de debate más del orden del día cuando el gobierno local dio cuenta de las alegaciones presentadas por el empresario en este sentido. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, recordó en varias ocasiones que se trataba de un «dar cuenta». «No hay lugar para el debate», insistió pero, al final, claudicó y después de que los portavoces de todos los grupos políticos expusieran su punto de vista fue el propio primer edil quien invitó al secretario municipal a participar en el debate después de que la portavoz liberal, Gema Amor, pidiera al alto funcionario conocer su opinión sobre los hechos.
Problemas de personal
Después de hacer un repaso por los antecedentes del problema, el secretario municipal censuró duramente la gestión de los diferentes gobiernos en este asunto. «Aquí lo que se ha hecho ha sido actuar en contra de los acuerdos plenarios que se han ido tomando durante todo este tiempo, que han sido 16 o 17», contabilizó el alto funcionario a la vez que mostró su indignación por el déficit de personal en el área de servicios jurídicos. «A muchos les interesa que siga habiendo un problema de recursos en el departamento jurídico porque así se justifica que no salgan algunas cosas», lanzó el secretario.
Pero ahí no quedó la cosa. El alto funcionario recordó que «el propio TSJ acusó en 2007 al ayuntamiento de actuar de forma chapucera y contra los principios de transparencia y libre concurrencia, por lo que procedía un nuevo concurso. Yo llegué en 2013 y aquí no se había hecho nada. Esto es una vergüenza», llegó a decir ayer en sesión plenaria el secretario municipal. Asimismo, el funcionario fue más allá y, visiblemente alterado, pidió a los grupos políticos que «hagan las valoraciones que quieran pero hagánlas porque lo que hay que hacer es cumplir con la sentencia».
