A pesar de que fue la Fiscalía la que ha abierto diligencias contra el alcalde de Benidorm por los presuntos casos de enchufismo, ningún representante del ministerio público acudió ayer al interrogatorio de Navarro. El caso se abrió tras una denuncia del SPPLBCV, que no está personado en la causa como acusación particular. Las fuentes consultadas por este diario explicaron que no es preceptiva la presencia del fiscal en este interrogatorio y que el elevado trabajo en los juzgados había impedido su asistencia. No obstante, se estudiará la declaración del alcalde para decidir qué nuevas diligencias procede solicitar al juzgado. Por tanto, el peso del interrogatorio recayó en la juez, que fue designada para incorporarse al juzgado justo el día anterior para cubrir una baja por enfermedad de la magistrada titular. Al no haber acusación particular, en la declaración el alcalde respondió a las preguntas de la juez y de su abogado defensor.

Desde el SPPLBCV, se aseguró ayer en contestación a las palabras de Navarro que votaron inicialmente a favor tanto de los complementos, como de la Relación de Puestos de Trabajo porque desde el equipo de gobierno se les aseguró que la propuesta contaba con todos los informes técnicos favorables. El secretario local del sindicato, Francisco Ángel González, aseguró ayer a este diario que el ejecutivo local «nos ocultó los informes contrarios del interventor contra las contrataciones».

Desde el sindicato se alertó en junio de 2010 a la Subdelegación del Gobierno de los desajustes del Ayuntamiento entre los gastos de personal y la Ley de Presupuestos Generales de 2010 que exigían ante este órgano que adoptara medidas contra los desajustes. La entonces subdelegada del Gobierno, la también socialista Encarna Llinares, respondió que estaba pendiente de recibir la documentación por parte del Ayuntamiento, ya que sólo había recibido una parte de la documentación. Sin embargo, consideró que la Subdelegación del Gobierno no es ni puede asimilarse a una instancia judicial o fiscal y que el sindicato está legitimado para interponer recurso contra cualquier acuerdo que considere que infringe la legalidad ante el órgano judicial competente.